El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial que, entre otras cosas, incluye una regulación del crowdfunding empresarial y la obligación de que aquellas empresas que coticen en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) sean auditadas por "entidades de interés público" para que no vuelvan a suceder episodios como el de Gowex.

El proyecto "flexibiliza" los requisitos para que las empresas que cotizan en el MAB pasen a Bolsa y establece que cuando alcancen una capitalización de 500 millones de euros "tendrán que pasar al mercado continuo", ha explicado en ministro de Economía, Luis de Guindos, en rueda de prensa. De esta forma, al pasar a un mercado regulado, las empresas, quedarán "vinculadas por las normas de gobierno corporativo" y demás requisitos de trasparencia de ese mercado.

Asimismo, "se amplía la obligación de comunicar a la CNMV cualquier incumplimiento legal que pudiera derivarse de la información de los emisores a la que tienen acceso, y no sólo en materia de abuso de mercado", dice el Minsitero de Economía en una nota. El seguimiento que hace la CNMV sobre este tipo de mercados "se incrementa" y a este organismo se le otorga más "facultades de supervisión, inspección y sanción".

Por otro lado, las entidades de crédito españolas deberán ofrecer preavisos de al menos tres meses a aquellas pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o notablemente reducida -un 35% o más-.

Por otro lado, los inversores particulares y no cualificados podrán invertir hasta un máximo de 10.000 euros anuales y no más de 3.000 por proyectos en actividades de micromecenzago o crowdfunding, según el proyecto de ley.

La norma regula "exclusivamente" las operaciones de financiación participativa que busquen un rendimiento dinerario derivado de la financiación empresarial o de consumo, a diferencia de otros tipos de crowdfunding como son los vinculados al mecenazgo o la compraventa, explica en una nota el Ministerio de Economía.

Se distingue entre inversores acreditados e inversores no acreditados; los primeros son inversores institucionales o empresas que superen un millón de euros de activos, dos millones de euros de cifra de negocio, o 300.000 de recursos propios.

También serán inversores cualificados, y podrán invertir sin límite, las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los 50.000 euros al año o tengan un patrimonio superior a 100.000 euros, en tanto que el resto de los inversores, minoristas, podrán invertir sólo 3.000 euros anuales en cada proyecto y un máximo de 10.000 euros anuales en distintas inversiones de este tipo.

Entre otras cosas, se establece un régimen jurídico para las plataformas de Internet que este tipo de inversión o participación en proyectos empresariales, con lo que se contará con un marco adecuado que permita la protección de los inversores, al tiempo que se pone en marcha una herramienta novedosa de financiación.

El ministro de Guindos ha indicado que este tipo de micromecenazgo supone una idea aún novedosa en el mundo económico, pero es corriente en el mundo desarrollado, que tiene que estar "abierto" a este tipo de iniciativas. Por eso, ha añadido, es necesario que la regulación de estas plataformas sea "transparente".

La norma garantiza que todos los inversores tengan acceso a toda la información sobre la plataforma de financiación, sobre su promotor, sobre cómo se han obtenido los fondos y sobre todos los riesgos que implica la inversión. Los pequeños inversores tendrán que firmar de su puño y letra su consentimiento, en el que figurará que han sido advertidos de los riesgos.