La Junta de Castilla y León bajará el próximo año al 10 por ciento la retención del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los primeros 12.450 euros de la base liquidable para todos los castellanoleoneses, el tipo más bajo de toda España, si bien la medida beneficiará especialmente a los contribuyentes que tienen menos recursos.

Así lo ha explicado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tras la aprobación este jueves del anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales, una norma que plantea un IRPF "más progresivo" ya que, a pesar de recoger un ahorro para todos los contribuyentes, este será menor cuando la base liquidable sea mayor.

En concreto, la Junta de Castilla y León pasará de los actuales cuatro tramos de tarifa autonómica del IRPF a cinco, con la inclusión de uno nuevo en la parte inferior de la tabla que abarca hasta los 12.450 euros de la base liquidable, segmento en el que se encuadra la mitad de los contribuyentes castellanoleoneses (669.099 de los 1.257.025 del total).

Estos contribuyentes con la base liquidable más baja tendrán un ahorro de cerca del 17 por ciento en el citado tramo autonómico mientras que para el tramo más alto, de 53.407,20 euros en adelante, ese ahorro se limitará al 3,1 por ciento.

Así, para los contribuyentes con entre 12.450 y 17.707,2 euros el ahorro en el tramo autonómico del IRPF será del 14,2 por ciento; para bases de entre 17.707,7 hasta 33.007,2 euros la rebaja será del 8 por ciento y entre 33.007,2 y 53.407,2 euros la reducción será del 4,8 por ciento.

Según ha aclarado la consejera, esta modificación sólo tendrá efectos en el ejercicio 2015 por tratarse del último año de la legislatura, a diferencia de las rebajas anunciadas por parte del Ejecutivo central en materia de IRPF que afectarán a los años 2015 y 2016.

A medida tributaria se suman una rebaja del 32 por ciento respecto a los mínimos personales y familiares para la declaración del IRPF planteadas por el Gobierno —deducciones por número de descendientes, ascendientes, discapacidad del contribuyente o de algunas de las personas a su cargo o el general—, lo que dejará en el bolsillo de los contribuyentes de Castilla y León cerca de 150 millones de euros en base a las rebajas de las retenciones que se harán efectivas a partir del 1 de enero.

Tras asegurar que en 2015 no habrá más impuestos, Del Olmo ha explicado que la Junta ha adoptado esta rebaja tributaria, a la que se suman otras como la reducción en dos tercios de la tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos, "con mucha responsabilidad" desde el convencimiento de que este es "el momento más conveniente" que puede ayudar a apuntalar la recuperación de la actividad económica, a crear empleo y a mantener la calidad de los servicios públicos esenciales.

Según ha defendido, esa rebaja de las retenciones autonómicas, a las que ha sumado las que llegarán vía rebajas estatales, dejará más renta disponible en el bolsillo de los consumidores lo que favorecerá e incrementará la capacidad de consumo. "Casi seguro que sí...Puede ser así", ha augurado la consejera, quien ha constatado que el aumento del PIB depende del consumo privado que aumenta a su vez la producción y esta la creación de empleo, en lo que ha definido como un "círculo virtuoso".

La consejera ha apelado en todo momento a la recuperación de la actividad económica a diferencia de las circunstancias de 2012, cuando los mercados financieros estaban cerrados para las comunidades autónomas españolas y los tipos de interés estaban además "altísimos".

Nuevo beneficio fiscal para los centros de empleo

Por otro lado, la Junta mantendrá en 2015 los 50 beneficios fiscales autonómicos en favor de la generación y el mantenimiento del empleo y el apoyo a las familias con hijos y ampliará uno de los creados en 2014, el tipo reducido en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas que se aplica a la compra de inmuebles para sede o centro de trabajo de una empresa o negocio profesional y que desciende del 5 por ciento al 4 por ciento. El porcentaje general es del 8 por ciento, "si bien sube al 10 por ciento si se trata de un edificio de más de 250.000 euros".

En materia de juego se introduce la tributación del nuevo tipo de máquinas E1, "ante la eventualidad de que comiencen a instalarse en 2015". Asimismo, se modifica la cuota de las máquinas B conectadas bajo servidor, que pasa del 15 por ciento sobre la base más 1.300 euros, al 10 por ciento de la base más 1.000 euros -para incentivar la recuperación de las que se han ido dando de baja en los últimos años-, y se elimina la incompatibilidad entre los fraccionamientos automáticos de la tasa que pagan los operadores por las máquinas de juego y los aplazamientos y fraccionamientos que prevé la normativa tributaria estatal.

A esto se suma la aplicación de un tipo reducido del 15 por ciento en el bingo electrónico ligado a la creación de empleo, "un régimen de baja fiscal de máquinas de juego distinto, para contribuir a que las empresas mantengan la plantilla", y se establece un nuevo tramo en la tarifa progresiva de los casinos que conserven intacto su número de trabajadores, de forma que los primeros 500.000 euros de ventas tributen al 10 por ciento.

El anteproyecto de Ley de Medidas contempla también la congelación del precio de las tasas, con la creación de dos nuevas y cambios en nueve a iniciativa de las consejerías competentes. En concreto, se crean las tasas por inscripción o acreditación en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, así como por autorización, seguimiento, control y evaluación de la impartición de acciones formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad no financiadas con fondos públicos de la Administración laboral.

Las variaciones serán en las tasas de caza y pesca; por publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León; en materia de transporte por carretera; por actuaciones administrativas relativas a actividades agrícolas relativas a las inscripciones en los registros oficiales; por prestación de servicios veterinarios; en materia de protección medioambiental; por concesión de licencia ecológica, y por la participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

Austeridad en el gasto electoral

Del Olmo ha informado también de que en coherencia con la austeridad que rige la gestión de la Junta, la futura Ley de acompañamiento prevé que en el año electoral 2015 el gasto público asociado a los comicios autonómicos no supere al que se realizó en 2011.

El anteproyecto incluye novedades en una docena de leyes como las de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, "que suprime la prohibición expresa de que los bares especiales acojan actuaciones musicales en directo" como se demandaba en Valladolid, o la de Montes, donde se establece un plazo máximo de 24 meses para la resolución y notificación de los procedimientos de deslindes, ante la ausencia de una previsión legal estatal al respecto.

También incluye novedades en la Ley de Coordinación de Policías Locales, para impulsar la incorporación de militares profesionales de tropa y marinería con más de cinco años de experiencia y aprovechar así su profesionalidad.