De hecho, 123 afectados de Valencia han formado la Plataforma de Damnificados de Informes Periciales de Familia (Dinperfa), que ha pedido a la Generalitat la suspensión de estos equipos por la «supuesta ilegalidad de sus actuaciones» y por «falta de garantías», según refleja un informe encargado al psicólogo Julio Bronchal, que ha examinado 75 casos de separación y divorcio.
Según Eduardo Vives, portavoz de Dinperfa, en la Comunitat hay entre 10.000 y 12.000 menores afectados cada año por estos dictámenes, ya que estos equipos se pronuncian en el 80% de los litigios. Asegura Vives que siempre favorecen a la madre y que parten de prejuicios «sexistas» en sus decisiones.


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