El contrato de basuras de los barrios exteriores de la M-30 arranca con mal pie. A pesar de que ni siquiera ha entrado en vigor, los sindicatos CC OO y UGT ya han advertido de que llamarán a la huelga a los 1.100 trabajadores que componen la plantilla si no se les garantizan tanto puestos como las condiciones de trabajo. La línea roja está clara: ni expedientes de regulación de empleo, ni despidos, ni reducción de horas. Aunque su subrogación está asegurada por ley, nada impide que la nueva empresa prescinda de mano de obra al día siguiente.

El Área de Movilidad y Medio Ambiente sacó a concurso la recogida el 29 de julio con un presupuesto de 83,3 millones de euros y una duración de 13 meses. Este período, poco habitual por breve, se estipuló para que coincidiese con el fin del contrato en los distritos del interior de la M-30. Una vez finalizado el plazo, el Ayuntamiento fusionaría ambos en un macrocontrato a largo plazo, más atractivo para las empresas y más barato para las arcas públicas.

En esta ocasión, el Consistorio también ha primado el ahorro, por lo que la oferta económica ha pesado un 65% en la nota final. Bajo este criterio, la ganadora ha sido la unión temporal de empresas (UTE) formada por Urbaser y Cespa, a su vez filiales de las constructoras ACS y Ferrovial, que ofrecieron una rebaja del 17,6% (68,6 millones) sobre el precio de salida.

La cifra supone más de lo que FCC gastaba hasta el momento. Sin embargo y en la práctica, la Urbaser y Cespa funcionarán prácticamente con el mismo dinero, ya que están obligadas a pagar a su competidora 5,5 millones de euros por las nuevas instalaciones que acometió y que aún no han sido amortizadas. Además, debe hacer frente a un aumento del servicio, ya que también deberá encargarse de la retirada de los contenedores y sacos no autorizados que encuentren en la vía pública y de un aumento del número de puntos limpios móviles.

FCC, que ofertó un 0,72% por debajo del precio de licitación y la puesta en servicio de 21 vehículos recolectores (por los dos que proponía la UTE), considera inviable acometer la recogida de las 700.000 toneladas de basura que anualmente generan los dos millones de ciudadanos que viven en Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas, Barajas, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca (estos dos últimos, con excepciones).

Eso, y la posibilidad de perder una gestión que ostenta desde hace décadas, ha hecho que se niegue a prolongar sus servicios más allá del martes, 30 de septiembre, cuando finaliza su relación contractual. El Ayuntamiento ha popuesto a la empresa la firma de una prórroga mientras comprueba la solvencia del plan presentado por Urbaser y Cespa, pero FCC lo rechaza. Medio Ambiente advierte de que puede obligar a la contratista a trabajar mediante decreto, al tratarse de una tarea esencial para la salud pública.

UGT y CC OO, que han batallado en repetidas ocasiones con FCC por la estabilidad de los puestos de trabajo, se han alineado ahora con la empresa temiendo que el nuevo contrato y la rebaja de un 9% en la adjudicación del Servicio de Limpieza Urgente (a Urbaser, provisionalmente) provoque más deterioro en la ciudad. Los recortes de las nuevas concesionarias fueron, precisamente, los que motivaron la huelga de limpieza viaria que llenó la capital de hojas y desperdicios durante 13 días.

"Esperamos que no suponga una merma en la plantilla ni de derechos laborales y sociales. Este año finaliza el convenio colectivo, en el cual ya se renunciaba derechos consolidados para salvaguardar el empleo", apunta CC OO. "Lejos de escuchar las quejas de sus ciudadanos, favorece el deterioro de los servicios abaratando años tras año los mismos con el único objetivo de ahorrar dinero", señala UGT.