Andalucía está reforzando los mecanismos de la lucha contra la violencia de género y continúa centrando los esfuerzos en frenar el terrorismo machista. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha recordado que precisamente este viernes se ha reunido de urgencia la comisión permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) ante el aumento de asesinatos machistas registrado durante este verano, el último de ellos hoy mismo en la provincia de Granada.

En una nota de prensa se indica que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha transmitido su más enérgica condena ante "el terrorismo machista" y ha convocado, para el próximo 15 de septiembre, a la Comisión Permanente del Observatorio Andaluz de Violencia de Género. Asimismo, el Gobierno andaluz reunirá durante este mes de septiembre a la Comisión de Seguimiento del Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la Mejora de la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, compuesta por las distintas administraciones y Fuerzas de Seguridad.

En este sentido, Sánchez Rubio recuerda que "la coordinación entre las distintas administraciones es clave para garantizar, a corto plazo, la protección de las mujeres víctimas de esta lacra". Igualmente, la consejera ha insistido en que es necesario favorecer "un cambio de mentalidad en la actitud de posesión y de patriarcado que existe a nivel social" en el conjunto de Europa.

Por su parte, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres ha acordado en su reunión de este viernes y tras la reflexión de la situación actual exigir al Gobierno central un gran acuerdo social y político contra la violencia de género, en el se implique a todos los ámbitos de la sociedad (institucional, asociativo, laboral, etcétera) y que contemple medidas excepcionales que ponga freno al terrorismo de género y a su origen, el machismo.

Diez exigencias del consejo de participación

La comisión permanente del CAPM ha establecido diez exigencias que abarcan desde medidas extraordinarias contra la violencia hasta una revisión de todos aquellos recortes y reformas legislativas "que están abriendo aún más la brecha de género, mermando los derechos de las mujeres y, en consecuencia, impidiendo avanzar en la lucha contra el maltrato machista".

El decálogo parte de la exigencia de un "gran acuerdo social y político" y reivindica que se propongan planes de acción y protocolos concretos para aplicar la Estrategia Nacional, se fijen plazos para las medidas contempladas en la misma y se contemple una dotación presupuestaria adecuada. En este sentido, otra de las reivindicaciones pasa por el "pleno cumplimiento" de la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad, con el restablecimiento "íntegro" de los presupuestos y la transferencia a las comunidades autónomas de la dotación financiera necesaria, "sin recortes", que en esta materia han alcanzado a nivel nacional el 30 por ciento desde 2011.

Tal y como ha reiterado el Consejo, el mantenimiento de la financiación es fundamental para incrementar las campañas de sensibilización, concienciación e información que permitan dar a conocer a las víctimas todos los recursos disponibles. Asimismo, se ha reiterado la necesidad de reforzar la formación permanente, especializada y con perspectiva de género de todos los profesionales que intervienen en la atención a las víctimas de la violencia de género tanto mujeres como menores.

Junto a ello, el Consejo ha reiterado la necesidad de reforzar las medidas de protección a las víctimas y la formación permanente de las personas profesionales implicadas en la atención (fuerzas y cuerpos de seguridad, ámbito de la justicia, personal sanitario, etcétera); además de la revisión de medidas para proteger a las víctimas menores como la pérdida de custodia para maltratadores. Añade además la necesidad de consolidar la coordinación institucional.

El decálogo contempla además propuestas para poner freno a los recortes y reformas legislativas que "están situando los derechos de las mujeres fuera de la agenda política del Gobierno, aumentando así la desigualdad de género y, como consecuencia más dramática, frenando la lucha contra el terrorismo machista". Así, las asociaciones de mujeres de Andalucía exigen la retirada inmediata del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido (séptimo punto), puesto que supone "un retroceso brutal que vulnera derechos esenciales de las mujeres".

El Consejo ha solicitado además un estudio pormenorizado sobre las consecuencias de la Ley de Reforma Laboral, que incide en la pérdida de autonomía de las mujeres y en la feminización de la pobreza, y sobre la reforma de la administración local, que podría eliminar la red de atención municipal, el primer recurso al que acuden las mujeres para pedir ayuda.

Exige asimismo el inicio de un diálogo con las comunidades autónomas sobre la recuperación de la financiación de la Ley de Dependencia que ha facilitado la autonomía de miles de mujeres.