Ambos están imputados por un delito de prevaricación. Permitieron la habilitación de un aparcamiento ilegal para camiones en unos terrenos calificados como zona rústica. El presunto delito ha saltado a raíz de una denuncia presentada por la asociación vecinal La Alameda ante el «brutal» ruido que soportan desde 2001 los residentes de las zonas anexas. Pese a que en el lugar hay alguna pequeña empresa, el suelo es no urbanizable.