El juez del 'caso Innova', por el que se investigan múltiples irregularidades en las empresas municipales de Reus (Tarragona), imputa al exalcalde Lluis Miquel Pérez (PSC) por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos.

Según un auto hecho público este miércoles, el conglomerado de empresas municipales de Reus Innova contrató al arquitecto Jorge Batesteza sin respetar el procedimiento administrativo, a instancias de Pérez y de la exconsellera de Salud del tripartito, Marina Geli (PSC).

El juez considera que Batesteza cobró un total 387.000 euros, supuestamente de forma injustificada, entre los años 2007 y 2010 en concepto de asesoría técnica para la construcción del Hospital Sant Joan de Reus.

En esa época, en la que Josep Prat compaginaba los cargos de presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) con el de director general de Innova, Bastesteza ocupó hasta el 2007 el cargo de gerente de infraestructuras del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).

El auto impone una fianza de responsabilidad civil de 1,5 millones de euros para Prat y Batesteza, y también imputa a la ex directora financiera de Innova, Ester Ventura, a la exsecretaria Natalia Torrell y a los empleados José Vicente Gómez Rebollo y Sergi Luqui, de la empresa Euroconsults, por los mismos delitos que al exalcalde de Reus y el juez señala que ya establecerá la fianza correspondiente.

La investigación del 'caso Innova' ha derivado ya en más de 50 imputados y en ocho piezas separadas, seis de ellas todavía bajo secreto de sumario. En los dos casos en los que se ha levantado el secreto de sumario, el que afecta al Ayuntamiento de Vila-seca (Tarragona) y el que atañe a la construcción del hospital Sant Joan de Reus, el instructor constata que Batesteza aprovechó sus contactos en Catsalud para obtener algún beneficio y que hubo irregularidades en su contratación para "saltarse el radar administrativo" en la construcción del hospital y el CAP de Vila-seca.

El juez considera que hay una relación directa entre ambos casos, con el nexo común de Batesteza, quien fue contratado mediante una "concesión fraudulenta", con medios "torticeros" y gracias a su "posición privilegiada", para evitar los controles administrativos.

El auto constata gráficamente una "esquizofrenia contractual" al considerar el juez que el arquitecto cobró dos veces por un trabajo no realizado, ya que Prat "impuso" la contratación de Batesteza para unas tareas ya adjudicadas a Euroconsult Cataluña SA y a Axxo Gestión y Proyectos SL. "Batesteza cobraba para supervisarse a él mismo", señala el juez, quien recuerda que el arquitecto declaró que cuando era gerente de Infraestructuras de Catsalud votó a favor de que Innova adjudicara a la UTE Euroconsult el contrato de asesoría de Reus.

Los correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil el 16 de julio del 2103 en un registro en el domicilio y la empresa de Batesteza también sacan a la luz, según el instructor del caso Innova, que el arquitecto "se aprovecha de su etapa como funcionario público en beneficio de sus intereses privados".