La titular del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego, ha reconocido al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán el derecho a asistencia letrada gratuita a pesar de reconocer en un auto, que cuenta con bienes inmuebles junto a su esposa de valor catastral superior al medio millón de euros.

La solicitud de Díaz Ferrán de contar con un abogado defensor exento de pago fue rechazada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid que consideró que existen "signos externos" que apuntan a que tanto él como su mujer cuentan "con capacidad económica" suficiente para hacer frente a este gasto.

El auto de la juez Gallego incluye un listado detallados de las propiedades que posee la unidad familiar formada por el expresidente de la CEOE y su mujer. Señala que ambos disfrutan de una casa en Madrid valorada en 1,2 millones de euros, otra vivienda en Castell-Platja D'Aro tasada en más de 634.000 euros y una propiedad en Los Molinos (Madrid) de más de 644.000 euros.

El matrimonio tiene también un suelo sin edificar en Coslada (Madrid) cuyo valor se calcula en 411.000 euros y otro inmueble en la capital de más de 186.000 euros y una vivienda en Alicante valorado en casi 38.000 euros. La magistrada agrega que ambos poseen "hasta un total de 35 bienes inmuebles rústicos de diverso valor catastral situados en Baralla (Lugo)".

El auto concreta que los dos disponen de estas propiedades en porcentajes que oscilan entre el 33% y el 50%, salvo en uno de los casos, y reconoce que "el valor de mercado es superior al medio millón de euros".

No obstante, la magistrada, que instruye el concurso de acreedores de Marsans, recuerda que tanto el empresario como su esposa tienen estas viviendas inmovilizadas a consecuencia del procedimiento. "Todo activo que pudiera ser titularidad de cualquiera de los dos en realidad pertenece a la masa de los referidos concursos", indica la juez.

Díaz Ferrán llegó a contar con un patrimonio inmobiliario por un valor total de casi 88 millones de euros, según se desprende de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) presentado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

El informe adjunta un documento incautado en los registros realizados por la Policía en el que se detallan las propiedades vinculadas con el expresidente de los empresarios, al que la Audiencia Nacional investiga por llevar a cabo el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans con la intención de eludir el pago a sus acreedores, y que en su mayoría se encuentran registradas a nombre de sociedades interpuestas.

Entre ellas destaca la finca toledana 'El Alamín', de 1.800 hectáreas, y en cuyos terreno se encuentra un castillo calificado por la Junta de Castilla La Mancha como bien de interés histórico-artístico. La propiedad alcanza un valor de 40 millones de euros. El cuadro valora el total de las fincas atribuidas a Díaz Ferrán en 87.943.520 euros.

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad  de Madrid, Salvador Victoria, ha afirmado sentir "estupor" por el hecho de que los madrileños tengan que pagar un abogado de oficioa Ferrán, y ha pedido al ministro del ramo, Alberto Ruiz- Gallardón, que adopte medidas para que no ocurran este tipo de cosas.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Victoria ha mostrado su "máximo respeto a cualquier decisión judicial", pero ha considerado que "como a cualquier ciudadano, causa estupor" que los madrileños tengan que pagar el abogado de Díaz Ferrán a cargo de sus impuestos.

"Respeto su presunción de inocencia, su derecho de defensa, pero creo que por las circunstancias de todos conocida entendemos que no le correspondía que los madrileños le paguemos el abogado para su defensa", ha señalado el portavoz.

Sí precisado que le gustaría que en ese proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados "hubiera alguna previsión para que esto no ocurriera". Así, ha expuesto que según la resolución judicial, "dado que hay un concurso para Díaz Ferrán y sus bienes, que la propia resolución dice que son muy numerosos y están sometidos a ese concurso, el proyecto de ley contemplara alguna posibilidad para que el administrador de ese concurso abone los gastos de abogado".

"Es preferible que los abone el señor Díaz Ferrán con los bienes del concurso que los madrileños con cargo a nuestros impuestos", ha remarcado, para concluir que pedirán a Gallardón "alguna medidas para que esto no ocurra".