La trabajadora

María Cristina presta servicios para la empresa Iberote, SL, desde 2003. Durante este tiempo ha tenido tres contratos seguidos –cada uno por un motivo distinto, siendo el último indefinido– y ha prestado servicios en el Servicio de Recepción de Documentos de un organismo de la Comunidad de Madrid, bajo la dependencia de un coordinador de Iberote, SL. Sus funciones consisten en recibir las liquidaciones que presentan los contribuyentes.

Entre la Comunidad de Madrid e Iberote, SL, existe un contrato, según el cual la segunda se compromete a prestarle el servicio de recepción de documentos a la primera. La trabajadora argumenta que debe ser contratada directamente por la Comunidad, porque desarrolla funciones muy similares a las del personal funcionario.

La empresa

Argumenta que la trabajadora presta un servicio ajeno que nada tiene que ver con la Comunidad, que recibe órdenes de una persona de Iberote, SL, con quien coordina el desarrollo de su trabajo, sus horarios, vacaciones, etc.

La sentencia

El tribunal considera que habiendo quedado probado que las órdenes e instrucciones emanan de la Comunidad de Madrid, quien ejerce además el control de calidad, impone los criterios de funcionamiento del servicio y asume la responsabilidad sobre su trabajo, no debe tenerse en cuenta con quién fija las vacaciones la trabajadora o con quién se pone de acuerdo, puesto que su superior jerárquico no hace más que ceñirse a lo que le marca la Comunidad. Determina, por tanto, que, en este caso, debe considerarse que el empresario que contrata no asume el riesgo de la actividad que desarrollan sus empleados. Por todo lo anterior, considera que nos encontramos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores y declara el derecho de la trabajadora a pasar a pertenecer a la Comunidad con la antigüedad de su primer contrato y con contrato de personal laboral.

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