Alcaldes del PSOE piden que Gobierno denuncie y revise el Convenio de Defensa por el "incumplimiento" de EEUU

El alcalde de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y senador socialista, Antonio Gutiérrez Limones, ha pedido este miércoles al Gobierno central que denuncie el Convenio de Defensa entre España y Estados Unidos y ha mantenido que, a la vista de que EEUU "incumple" su parte en lo que se refiere a la creación de empleo en la zona, España debe replantearse todo el acuerdo.
Alcaldes socialistas y trabajadores de la base de Morón, en Madrid
Alcaldes socialistas y trabajadores de la base de Morón, en Madrid
EUROPA PRESS
Alcaldes socialistas y trabajadores de la base de Morón, en Madrid

El alcalde de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y senador socialista, Antonio Gutiérrez Limones, ha pedido este miércoles al Gobierno central que denuncie el Convenio de Defensa entre España y Estados Unidos y ha mantenido que, a la vista de que EEUU "incumple" su parte en lo que se refiere a la creación de empleo en la zona, España debe replantearse todo el acuerdo.

"El Gobierno de España tiene que tomar la iniciativa y sentarse con el embajador norteamericano y que se cumplan los acuerdos que para eso están", ha dicho el regidor socialista en declaraciones a los periodistastras participar en Madrid en una reunión con otros parlamentarios socialistas y con trabajadores de la Base de Morón para analizar la situación laboral de éstos.

Gutiérrez Limones ha hecho de portavoz de los regidores de la comarca —también han estado presentes en el encuentro el regidor de Morón, Juan Manuel Rodríguez; y el de El Viso del Alcor, Manolo García— y se ha preguntado "¿para qué queremos (las bases) si, además de suponer inseguridad y peligros para la zona, no conllevan contraprestaciones y no generan riqueza y empleo en el entorno?".

En esa línea, ha añadido que el "está incumpliendo lo acordado" y ha reclamado al Ejecutivo español que "se plante y plantee que los acuerdos son para cumplirlos".

Los socialistas justifican esa reclamación en el descenso de puestos de trabajo de civiles españoles en la Base de Morón así como en el deterioro de sus condiciones laborales, en virtud de que, a medida que se incrementa la población militar, la plantilla civil ya ha sufrido dos ERE; el primero, a finales de 2010 que, tras haber sido negociado, acabó con la destrucción de 119 puestos de trabajo de los 594 existentes entonces; y el segundo, que consumó el despido de 66 trabajadores.

En ese sentido, el representante socialista en la Comisión de Exteriores, Diego López Garrido, ha mantenido que pese a que Estados Unidos aumenta la presencia de militares en la Base de Morón, así como en la de Rota, el número de trabajadores españoles pertenecientes a la empresa 'Vinnell-Brown & Root Spain' (VBR), —la sociedad gestora de los servicios civiles de la base— desciende y ya se ha visto reducido por esos dos ERE.

Medidas de psoe y trabajadores

López Garrido ha explicado que los socialistas prevén hablar con la Embajada de EEUU en Madrid para exponerle que "no es aceptable una perspectiva de nuevos ERE para trabajadores", además de con el Gobierno de Mariano Rajoy, que es "el interlocutor natural del Gobierno norteamericano para evitar que se produzcan nuevos ERE".

Además, el PSOE prevé presentar iniciativas parlamentarias para que el Congreso y el Senado aprueben que "no es admisible" el descenso de los trabajadores españoles en base y para que se paralice esa tendencia inaceptable de pérdida de trabajadores y de calidad de trabajo.

Si esas son las medidas políticas que promoverán los socialistas, los trabajadores, por su parte, prevén continuar con sus quejas y este mismo miércoles se han concentrado ante la sede de la Embajada estadounidense en Madrid para reclamar que "EEUU y España tengan fluidez en el contacto para solucionar esta situación", ha explicado Armando Rodríguez, presidente del comité de empresa de 'VBR'.

Además, los trabajadores despedidos en el ERE consumado en 2013 han recurrido ante el Tribunal Supremo —y éste admitido a trámite— la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara "no ajustado a derecho" el procedimiento pero no anula ninguno de los 66 despidos.

Nueva empresa concesionaria

Rodríguez ha expuesto que esta semana se anunciará el nombre del nuevo contratista de los servicios, cuyo contrato dará comienzo en octubre, con una vigencia de siete años, hasta 2021, año en el que, además, concluye el plazo del tratado bilateral de Defensa y, en ese sentido, ha explicado que las previsiones de los trabajadores es que la nueva empresa dé trabajo a entre 200 y 250 empleados.

"Entendemos que el incremento de presencia militar, pasando de 100 a casi 1.200, y la inclusión de 15 aeronaves, no puede llevar aparejado un descenso del empleo sino todo lo contrario".

Rodríguez ha concluido trasladando la "preocupación" de los trabajadores españoles que parecen ser los "conejillos de Indias" del "cambio de modelo de gestión de las instalaciones americanas en Europa" y que conlleva "la sustitución definitiva de la plantilla española por militares de EEUU".

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