Cientos de trabajadores pertenecientes al colectivo de monitores escolares, de Educación Especial y contratados a raíz del Plan de Choque puesto en marcha por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía al finalizar contrato con la empresa que había subcontratado en condiciones de precariedad a auxiliares administrativos —cuyo despido ha sido ya en algunos casos considerado como improcedente, lo que supondrá la readmisión por parte de la administración autonómica— han protestado este miércoles ante el Parlamento andaluz contra la privatización de servicios educativos.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, ha indicado a Europa Press que su central sindical, presente en la movilización, se adhiere a los planteamientos de lograr la desprivatización de servicios públicos, incluir puestos a jornada completa y que se cumplan los términos del VI Convenio Colectivo.

Ante la "cada vez mayor precarización laboral" de los trabajadores que sostiene estos servicios, Blanco exige al Gobierno de Andalucía que se pongan en marcha "los mecanismos necesarios para generar de forma permanente y a tiempo completo la cobertura de las plazas de monitores escolares que actualmente están siendo cubiertas por 'minijobs' cuyo contrato finaliza el 30 de septiembre".

El colectivo se ha entrevistado con los grupos parlamentarios de PP, IU y PSOE, a los que expusieron sus reivindicaciones aprovechando, precisamente, otra protesta a las puertas de la Cámara autonómica. Los monitores afectados por el Plan de Choque entregaron a los partidos documentación, tal y como ya han hecho ante la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Así, se les pidió que el Parlamento inste a la Junta al "respeto por la legalidad, por los que cumplen con todos los requisitos exigidos y están esperando pacientemente que les toque su oportunidad, y no se dejen influenciar en sus decisiones por los que más gritan".

Estos trabajadores exigen el acceso a un empleo público "respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como los requisitos que exige el convenio para ocupar cada categoría profesional y contra la privatización de los servicios públicos".

Y es que este sector hace hincapié en cómo se ha convocado un procedimiento de acreditación para ese colectivo que incumple normativa en tanto que "ni tienen 2.000 horas de experiencia profesional en tres años dentro de los últimos diez, o 300 horas de formación relacionada con las unidades de competencia, ni el nivel de acreditación (nivel III) se corresponde con el de la categoría profesional donde han estado contratados (nivel II)".

La portavoz de los afectados por el Plan de Choque, Antonia Sáez, ha expuesto a Europa Press que la presidenta —a la que abordaron en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, donde iba a celebrarse un acto que finalmente fue suspendido por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco— "se comprometió a intentar solucionar el conflicto".

"si hay que llevar el caso a los tribunales,

Se llevará"

Ha añadido que aunque aún no hay nada definido al respecto, "si hay que llevar el caso a los tribunales se llevará, es algo que ya se ha tanteado". Ello supondría seguir el mismo cauce que han recorrido los monitores auxiliares a los que la Justicia ha acabado dando la razón, "aunque nosotros somos bastantes más de 840".

Y es que, según Sáez, el colectivo considera que la Junta incurre en un "trato de favor" hacia los monitores de apoyo, puesto que la Consejería se ha comprometido "no solo a no recurrir dicha sentencia, sino a readmitirlos en una categoría profesional que no es equivalente a la de auxiliar administrativo, que es de la que el juez considera que han sido indebidamente despedidos".

En dicha categoría "no se ha demostrado que hayan trabajado, requiere unos requisitos de titulación de los que carecen y pertenece a un grupo profesional superior, lo que supondría también una promoción económica y profesional".

Ello implicaría, además, el "despido" de los monitores escolares que están actualmente prestando servicios por un contrato de obras y servicios hasta que esos puestos fuesen creados en la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería, "tras haber superado un proceso selectivo, cumpliendo lo establecido en el convenio colectivo de personal laboral y los requisitos de titulación de la categoría monitor escolar".