El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha advertido de que la definición de inversión 'financieramente sostenible' recogida en la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, obliga a "ajustar" 132 proyectos propuestos por 58 ayuntamientos para la aplicación de los 39,3 millones de euros procedentes de la liquidación del ejercicio presupuestario de 2012 de la institución, así como "varias líneas de inversión" del plan promovido para invertir los 25 millones procedentes de la liquidación del presupuesto de 2013.

A esta necesidad de revisión se llega porque, en su respuesta, el Ministerio establece textualmente que "la orden HAP 419/2014 de 14 de marzo, que modifica la orden EHA/3565/2008, de 3 de octubre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, establece que la política de gastos 93 comprende todos los gastos correspondientes a la administración financiera de la entidad local", según manifiesta Rodríguez Villalobos.

Esa especificidad de la naturaleza de gasto es la que "prohíbe" que en el apartado de 'Gestión del Patrimonio' puedan encuadrarse políticas de gasto relativas a sanidad, educación, cultura y deporte, incluyendo en cada una de estas los gastos de creación y conservación de los centros e instituciones de enseñanza, los edificios destinados a cultura y las instalaciones deportivas de todo tipo.

Es decir, y en palabras del presidente de la Diputación, "toda mejora o construcción, en clave municipal o provincial, que tenga que ver con sanidad, educación, cultura y deporte, el gobierno la excluye taxativamente de las inversiones".

"saña con los ayuntamientos"

Es por ello que, para Villalobos, "esto sólo responde a la saña con la que el gobierno central viene tratando a las entidades locales desde hace dos años y no es más que el último zarpazo de un ejecutivo que la tiene tomada con los ayuntamientos". Más concretamente, el regidor provincial ha especificado que, en el caso de la aplicación del superávit presupuestario del año 2012 a través de proyectos propuestos por los ayuntamientos, "nos encontramos con que no podremos atender a las demandas de 58 alcaldes y alcaldesas que habían solicitado un total de 132 proyectos relacionados con los ámbitos de educación, sanidad, cultura y deporte".

En esa misma línea, ha continuado Villalobos, "en el caso de la segunda fase del plan, y para adecuarnos a esa normativa, nos veremos obligados a remodelar partidas y rebajar la que habíamos previsto para gestión del patrimonio provincial, donde íbamos a invertir en nuestros centros educativos y residencias de mayores".

Según el presidente de la Diputación, "lo que el gobierno entiende por inversión sostenible es, en determinados casos, una interpretación caprichosa de esos postulados, que lo único que hace es entorpecer la gestión diaria de los ayuntamientos y maniatar a los alcaldes y alcaldesas en el ejercicio de su autonomía municipal a la hora de invertir el superávit".

Concretamente, y tras recibir informes desde la Intervención de Fondos Provinciales, el equipo de gobierno de diputación llevará al próximo pleno la redistribución, con igual cuantía -25 millones- de los fondos de la segunda fase del plan e instará a los alcaldes y alcaldesas afectados a que presenten nuevos proyectos en la primera fase, excluyendo infraestructuras de sanidad, educación y cultura o deporte.

De esa manera, y tras su aprobación en pleno de este jueves, el nuevo reparto de las inversiones de la segunda fase del denominado "Plan Supera", que reduce la partida de 'Gestión del Patrimonio' de 4,2 a 1,96 millones; refuerza la de 'alumbrado público' de 2,7 a 4,37 millones y la de 'saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas' de 350.000 euros a 1,01 millones.