El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha recomendado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Jaén a que, "a la mayor brevedad posible", decidan "de forma conveniada" si, "a medio plazo, va a ponerse en funcionamiento" el sistema tranviario de la capital, y acuerden "las condiciones en que se produciría el establecimiento de este servicio público, concretando la fecha aproximada para ello".

Se trata de una recomendación recogida en una resolución remitida al Ayuntamiento —pero que también se ha formulado a la Dirección General de Movilidad de la Junta— fechada el pasado día 16 en el marco de la queja iniciada de oficio por el Defensor por la no puesta en funcionamiento del tranvía "a pesar de la importante inversión efectuada" para dicha infraestructura.

Dicho escrito, dirigido al alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), y consultado por Europa Press, concluye con otra recomendación, la de que "en el supuesto de que no sea posible" poner en marcha el tranvía "a medio plazo" se adopten una serie de medidas "alternativamente".

En concreto, Maeztu aboga por determinar "actuaciones encaminadas a garantizar la conservación y vigilancia" del tranvía para "evitar su progresivo deterioro", de forma que "se minimice en lo posible la depreciación que su inutilización, el paso del tiempo y posibles actos vandálicos" puedan ocasionarle.

Además, recomienda elaborar "un estudio sobre posibles usos alternativos de este espacio público que permitan rentabilizar, total o parcialmente, el mismo", así como que "en aquellos lugares en los que el trazado de las vías suponga limitar o impedir usos alternativos (...) se disponga lo necesario para que, dentro del objetivo de alcanzar una mayor eficiencia, sea posible, aunque sea de forma temporal, destinar tales lugares a los aludidos usos alternativos o cualesquiera otros que se estimen favorables al interés general".

Otra recomendación del Defensor es abrir "una investigación" para "determinar las posibles responsabilidades de toda índole en las que se haya podido incurrir ante la innegable lesión patrimonial causada a las arcas públicas como consecuencia de la no entrada en funcionamiento de una infraestructura tan costosa".

ANTECEDENTES

En su resolución, que Maeztu concluye solicitando una respuesta por parte del alcalde "en el plazo máximo de un mes", el Defensor resume a modo de "antecedentes" los hitos que se han producido en el marco de este conflicto, que ha desembocado en la falta de puesta en funcionamiento del tranvía a partir de información recibida tanto por parte del Ayuntamiento como de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Así, constata que el Ayuntamiento mantiene que "no puede asumir los costes derivados del déficit de explotación" que, según sus cálculos, generaría la puesta en marcha del tranvía, mientras que la Junta defiende que "ha asumido los compromisos que recogía el convenio de colaboración suscrito en 2008" y que corresponde a la Administración local "asumir la explotación del servicio, ya que en su día no efectuó alegación alguna referida a los costes" del mismo.

No obstante, la Dirección General de Movilidad, según señala el escrito, "sigue expresando su disposición a colaborar en la resolución de esta problemática", de modo que "la postura por parte de la Consejería y de sus organismos, como son la Agencia de Obra Pública y el Consorcio de Transporte Metropolitano, es y será la de colaboración e impulso a la puesta en funcionamiento del sistema tranviario de Jaén".

Maeztu también se refiere en su escrito a la situación de "51 personas que, en su momento, iniciaron y realizaron los cursos correspondientes para maquinista conductor de ferrocarril-tranvía y operador puesto Central-tranvía, y que ilusionadamente esperaban contar con un puesto de trabajo, pero que pasados casi dos años, siguen sin ser contratados", lo que motivó una queja a la Institución por parte de dicho colectivo.

El Defensor señala que "entre las negativas consecuencias ocasionadas por la no entrada en funcionamiento del tranvía" figura "el incumplimiento del compromiso de contratación que se recogía en el curso de formación para el empleo (...) promovido en su día por el Ayuntamiento de Jaén".

Estudio previo

Además de recomendaciones, Jesús Maeztu introduce en su resolución una serie de "consideraciones" al respecto de este asunto, capítulo en el que manifiesta que antes de impulsar una infraestructura que requiere de una "gran inversión" resulta "preciso y obligado realizar un estudio minucioso, serio y riguroso de la demanda previsible de dicho servicio por parte de la ciudadanía" para "determinar su intensidad de uso e ingresos de cualquier índole derivados de su explotación, así como de las posibilidades reales de su financiación en función de los costes de funcionamiento y conservación".

En ese sentido, apunta que "las expectativas en cuanto al potencial número de usuarios del tranvía resultan totalmente insuficientes para cubrir y atender los costes de explotación", de forma que el Ayuntamiento, para "no aumentar el ya abultado déficit municipal, se vio obligado a paralizar de forma indefinida su entrada en funcionamiento".

En esa línea, y tras enumerar argumentos de carácter económico aportados por el Ayuntamiento para justificar su decisión de no poner en marcha el tranvía, Maeztu señala que "cabe concluir, con todas las cautelas y a la vista de la información" que posee, que "los estudios previos realizados carecieron del rigor exigible para evitar la consecuencia de que la importantísima inversión realizada en esta infraestructura se vea inutilizada y no adecuadamente rentabilizada".

De ello se deriva, añade, el que ese dinero no pudiera "aplicarse a otros fines que sí pudieron haber significado la satisfacción de intereses públicos o generales", y una "pésima imagen" entre la ciudadanía, que percibe que "con sus aportaciones a la Administración se diseñan y ejecutan infraestructuras que no se ponen en funcionamiento".

Así las cosas, Maeztu concluye incidiendo en "la necesidad de realizar una investigación seria y profunda para determinar si es viable económicamente y rentable socialmente intentar poner en funcionamiento este servicio público", todo ello "sin menoscabo de que, en el caso de reconocerse que los estudios previos a la ejecución del proyecto carecieron del rigor mínimo exigible, previos los trámites legales oportunos, sean depuradas las responsabilidades a las que haya lugar ante el daño generado a las arcas públicas como consecuencia del elevado gasto realizado que, en la actualidad, no supone beneficio alguno para la ciudadanía".