La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que el Gobierno regional lleva siete meses revisando e investigando "más de 4.000 expedientes" de fondos de formación y colaborando desde febrero con la investigación, a la vez que ha afirmado que será "implacable" ante la corrupción.

Díaz ha señalado en Córdoba que el consejero de Educación, Luciano Alonso, lleva "meses" dando toda la información al respecto y ha recordado que desde septiembre se ha reforzado la investigación sobre los expedientes con sesenta interinos.

Ha pedido "respeto" para Andalucía y ha recordado que el Gobierno andaluz ya ha tomado medidas para combatir la corrupción con una serie de herramientas que "garanticen la transparencia" y refuercen las "medidas de control" sobre los fondos públicos.

La presidenta ha asegurado que se darán "todas las explicaciones" que se consideren oportunas y se "exigirán responsabilidades", si bien ha exigido "respeto y transparencia" al Ministerio del Interior, al que ha instado a dar "toda la información de la que disponga" sobre este asunto.

Aunque ha preferido no hablar de un "complot" contra Andalucía, Díaz considera "evidente" que se está tratando de "obstaculizar" la labor del gobierno "sembrando sudas y desconfianza".

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado que el fraude se persigue de oficio en todas las provincias españolas "sin excepción" y ha recalcado que esta lucha "no conoce de territorios, sino de personas que actúan irregularmente".

Además, ha opinado que cuando el fraude se produce en el uso de fondos de formación, como se está investigando en Andalucía, es "doblemente fraude", porque además de desviar recursos públicos del destino para el que estaban previstos, resta posibilidades de formación a los desempleados.

Ha apelado a la colaboración de aquellos que puedan tener datos y de todas las administraciones, incluido el Gobierno andaluz, para que pongan la información a disposición de las fuerzas de seguridad y de los jueces y "se esclarezcan los hechos hasta el final".

El líder de IU, Cayo Lara, ha reclamado una investigación "hasta el final" sobre el supuesto fraude masivo y que se haga con "rigor" porque no se sabe si la estafa asciende a dos millones de euros o a dos mil millones.

El PP andaluz ha cuestionado si Díaz y todo su Gobierno conocían el supuesto fraude en los fondos de formación para desempleados y por eso se negó a investigarlo en marzo, y ha denunciado que su "silencio cómplice" se está "agudizando" en los últimos días.

En una rueda de prensa en Sevilla, la secretaria general del PP-A, Dolores López, ha puesto en duda hoy por qué se estaban revisando los expedientes de concesión desde hace siete meses y ha recordado que hace unos días Alonso dijo que no tenían conocimiento de la investigación.

"¿Por qué entonces estaban revisando los expedientes? ¿Quién está mintiendo?", ha preguntado en una rueda de prensa López, quien cree que "probablemente" sea la presidenta y por eso "no quiere" comparecer en el Parlamento, aunque ha reiterado su exigencia de "explicaciones" en la Cámara andaluza.

El PSOE ha anunciado que no apoyaría la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre el supuesto fraude, una iniciativa que cree que "llega tarde" porque la Consejería de Educación lleva siete meses revisando expedientes.

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha dicho en conferencia de prensa que, si se formaliza esta propuesta, su grupo parlamentario no la respaldará porque "ni procede, ni corresponde", ya que el Gobierno andaluz "ha hecho lo que tenía que hacer", en referencia a la revisión de los expedientes.

Ha exigido "respeto" a Andalucía tras denunciar las "coincidencias" en la "filtración" de este tipo de informaciones con la proximidad de las convocatorias electorales, y ha dicho que no quiere pensar que obedezca a "una trama en clave partidaria y electoral".

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha dicho que se tiene que saber "la verdad" sobre el posible fraude y no ha descartado su apoyo a una posible comisión de investigación parlamentaria sobre este asunto.

Maíllo ha dicho que IU quiere conocer "la verdad de los hechos" y que la transparencia es "el mejor instrumento" para satisfacer la demanda de información sobre supuestas irregularidades