La Fiscalía de Sevilla ha pedido que la investigación sobre las subvenciones concedidas al sindicato CC OO-A en materia de salud laboral se amplíen hasta el año 2005.

La Fiscalía dice en un escrito que existe la sospecha de que "las deficiencias en el control y justificación de las subvenciones se pudieron haber producido en varios ejercicios y no sólo en el denunciado".

Las diligencias practicadas hasta ahora "aportan rasgos de verosimilitud a la sospecha que justifica la ampliación de las investigaciones", según el fiscal.

En este caso están imputados Esther Azorit, exsecretaria de Salud Laboral de la Junta, y el secretario de Administración de CC OO en Andalucía, Miguel Ángel Soto Cubero.

La ampliación solicitada al juez de Instrucción 16 de Sevilla se produce después de que en febrero pasado declararan como testigos dos interventores que analizaron las ayudas investigadas y sus correspondientes facturas, uno de los cuales aseguró que las Memorias Justificativas eran "palabrería".

Este caso fue denunciado por la Fiscalía de Sevilla y se refería a diversas ayudas que totalizaban 600.000 euros, si bien el sindicato limitó las irregularidades a facturas que totalizaban 20.383 euros, lo que atribuyó a un error de contabilidad, y en diciembre de 2012 depositó esa cantidad en la cuenta del juzgado.

Además, el sindicato asegura que los informes periciales aportados a la causa se han hecho "sobre documentación incompleta del expediente y sin tener en cuenta las memorias explicativas de justificación de los programas".

Según la denuncia de la Fiscalía, el sindicato justificó, dentro de las partidas para sensibilización de riesgos laborales y para mejora de las condiciones de trabajo en Andalucía, los viajes de sus militantes a manifestaciones, la confección de pancartas, la contratación de charangas o los traslados de ida y vuelta de una sindicalista en una veintena de fines de semana desde Sevilla a Málaga.

Entre los gastos no subvencionables, según el informe de los interventores, se encuentran las comidas y desplazamientos de dirigentes sindicales para asistir a un curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Rábida (Huelva). Tampoco consideraron subvencionables los viajes de la exsecretaria de Medio Ambiente de Fiteqa-Andalucía Agustina Gutiérrez desde Sevilla, donde trabajaba, a Málaga, donde residía, a lo largo de veinte fines de semana.

Los dos denunciados han sido imputados de presuntos delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.