Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Jaén "estudian" desde este miércoles la contestación a la demanda que la Junta de Andalucía ha formalizado contra el decreto municipal de noviembre por el que la Administración local solicitaba su baja en la prestación del servicio de ayuda a domicilio vinculada a la Ley de Dependencia, un recurso que el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), considera "muy débil".

En una rueda de prensa, el primer edil ha justificado esa opinión señalando que el "primer argumento" en el que sustenta la Junta su demanda es que el convenio suscrito entre ambas administraciones para la prestación de dicho servicio "no está denunciado por el Ayuntamiento en tiempo y forma", algo que, según ha reiterado Fernández de Moya, ya ha negado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Jaén en el auto del pasado mes de febrero que dictaba medidas cautelares a raíz de la demanda interpuesta por la Junta.

En dicho auto el juez alude a "la denuncia formulada en tiempo y forma por el Ayuntamiento", una frase que ha leído en varias ocasiones el alcalde para emplazar a la Junta a que "no pierda el tiempo" en esa cuestión, a la que, según ha apostillado, "dedica folio y medio de los tres folios" en los que se extiende "el resumen de la demanda" del Gobierno regional, porque ya habría sido aclarada por el juez, en su opinión.

Así las cosas, y un día después de recoger "por reparto del Juzgado Decano" la demanda de la Junta, los servicios jurídicos del Ayuntamiento "estudian desde este miércoles la contestación" a la misma, trámite para el que el gobierno local tiene de plazo "hasta el 2 de mayo", según ha anunciado el alcalde, que ha puntualizado que, en todo caso, su equipo "no va a esperar hasta el último día" para dar ese paso, como, según ha remachado, sí ha hecho el Ejecutivo andaluz con su demanda.

Una vez que el Ayuntamiento envíe su contestación —para la que este martes se celebró una reunión, ya con la demanda de la Junta en la mano, a la que asistieron, entre otros, el letrado del Consistorio y el secretario general, que "está completamente alineado con las tesis defendidas desde el primer día por el equipo de gobierno"—, sólo quedará "esperar la sentencia" del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres, que el alcalde intuye que "se conocerá en un espacio corto de tiempo" y que ha reiterado que acatará "de la 'a' a la 'z'" porque es su "obligación en un Estado de derecho".

A esta situación se ha llegado, en opinión del alcalde, como consecuencia de la decisión de la Junta de "judicializar" esta cuestión, en la que, a juicio de Fernández de Moya, ha demostrado que carecía de "voluntad de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento" para la firma de un nuevo convenio que sustituyese al que expiró el 3 de diciembre.

Al hilo de ello, ha recordado que tras la denuncia de dicho convenio por parte de la Administración local, su ejecutivo "registró" en la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén una propuesta para el diseño de uno nuevo que contemplaba la creación de una "cuenta restringida", por parte del Ayuntamiento, para el pago del dinero correspondiente a la dependencia, y la obligación que tendría la Junta de abonar en 60 días esos servicios, pagando "intereses de demora" por cada de las jornadas en las que se retrasase.

Consignación de dinero en el juzgado

Ante dicha propuesta, la Junta "ha dado la callada por respuesta", según ha lamentado el primer edil 'popular', que ha defendido además su decisión de consignar judicialmente el dinero recibido por la Administración regional correspondiente a servicios de ayuda a domicilio prestados con posterioridad al 3 de diciembre, fecha del fin del convenio.

En ese sentido, el alcalde ha defendido que la causa está 'sub iudice' y él no puede ir "contra sus propios actos", de forma que si el Ayuntamiento usara el dinero recibido con posterioridad a esa fecha para pagar a la empresa concesionaria de la ayuda a domicilio —Multiservicios Jabalcuz— estaría cumpliendo "un convenio que ya no existe", por lo que "toda la fuerza de la denuncia" del mismo "se caería".

Por ello, Fernández de Moya ya ha avanzado que volverá a consignar judicialmente toda posible "nueva transferencia de la Junta" por el servicio de ayuda a domicilio, si bien ha apuntado que desde el último ingreso de 318.000 euros realizado por el Gobierno andaluz para pagar los meses de noviembre y diciembre no se ha producido ningún nuevo abono, de forma que la Administración regional "ya debe más de 700.000 euros" al Ayuntamiento por la dependencia.

Al hilo de ello, la concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, también presente en la rueda de prensa, ha indicado que el pasado año la Junta realizó los primeros pagos por la dependencia "en agosto", y ahora no tiene "muchas esperanzas" en que los ingresos vayan a realizarse antes.

Chamorro también ha aprovechado la ocasión para emplazar a la Junta a, "como mínimo, cubrir las bajas que se produzcan en el servicio de ayuda a domicilio, porque es quien tiene las competencias para dar altas y bajas", ya que, según ha indicado, frente las "15 bajas" que se han producido en este sistema en lo que va de año en la ciudad sólo se ha producido "un alta".