Las entidades adheridas a CECA han reducido en el último año un total de 3.100 oficinas y 12.200 empleados, según ha adelantado el director general de CECA, José María Méndez.

"Las cajas han llevado a cabo el ejercicio de ajuste más importante de su historia" desde que se inició la reestructuración financiera, ha apuntado Méndez, quien ha señalado que la reducción acumulada del sector es del 33% en oficinas y del 26% en empleados, unas cifras muy similares a las del sistema (26% de reducción de oficinas y 21% de empleados).

No obstante, ha dicho que aún queda "algo de ajuste por realizar" —pese a que el grueso ya está ejecutado—, no solo para adaptarse al nuevo contexto económico, sino a los nuevos canales de distribución, que son "más eficientes".

A esta reducción se une el recorte que se ha llevado a cabo en servicios centrales, equivalente al 44% desde el inicio de la crisis. Gracias a ello, se están observando ganancias de eficiencia derivadas del proceso de consolidación financiera.

Por otro lado, Méndez ha avanzado que Cecabank aspira a cerrar el ejercicio 2014 con un patrimonio bajo custodia de 50.000 millones de euros a través de la actividad depositaria de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones.

Durante su intervención en unas jornadas financieras organizadas por Deloitte, ha señalado que para conseguir este objetivo Cecabank puede apalancarse en su independencia, dado que no comercializa producto retail, y en que no gestiona esos fondos, sino que solo es depositario de los mismos.

Reforma de la ley de cajas

El director general de CECA ha alabado la reforma de la Ley de Cajas que realizó el Gobierno, dado que de ella se ha derivado una "evidente mejora" del gobierno corporativo de las entidades, se garantiza que los riesgos bancarios van a ser analizados con criterios profesionales en todo el sistema financiero y se resuelve el problema de la capitalización de las entidades, entre otras cosas.

Por otra parte, ha hecho alusión a la reforma fiscal que está realizando el Ejecutivo central y, en este sentido, se ha puesto de parte de los expertos a la hora de afirmar que el impuesto autonómico que grava los depósitos bancarios debería ser estatal y buscar la convergencia con la tributación de otros sujetos de la Eurozona.