La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha hecho este jueves un balance de la actividad desarrollada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía en sus dos primeros años de vida y ha destacado que ha admitido a trámite 387 recursos y dictado 283 resoluciones, en el 26 por ciento de los casos "con un criterio distinto del mantenido por los órganos de contratación" lo que, en su opinión, pone de manifiesto "la independencia funcional de este órgano".

Así lo ha dicho ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento, donde ha insistido en valorar "la eficacia y el interés público" de la labor que desarrolla este órgano autonómico, en funcionamiento desde diciembre de 2011.

Según ha explicado, este Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales tiene competencias para resolver los recursos especiales en materia de contratación, tanto de la Administración General de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, como de las entidades locales y universidades. Con estas últimas, Montero ha detallado que se han suscrito 51 convenios con entidades locales, cinco con diputaciones provinciales y ocho con universidades públicas.

Con estas cifras sobre la mesa, Montero ha defendido que se trata de "un instrumento eficaz para los licitadores y valioso para el interés público" al que acudir en caso de desacuerdos en el procedimiento de contratación. De hecho, según ha enfatizado, su objetivo principal es "evitar la judicialización" de los procedimientos de contratación y limitar los perjuicios derivados de la suspensión de contratos, lo que beneficia "tanto el interés público, como el particular de los licitadores".

Como muestra de su "utilidad" para evitar la judicialización de estos procedimientos, la consejera ha destacado que, desde la creación del tribunal en Andalucía, solo se han impugnado 15 resoluciones ante los juzgados de lo contencioso-administrativo. Es decir, que solo un cinco por ciento de los recursos ha llegado al ámbito judicial, lo que conlleva una "reducción de la carga de trabajo de la Administración de Justicia y agiliza la resolución de los conflictos".

Incremento de la actividad del tribunal

Montero también ha informado en la Comisión del progresivo incremento de su actividad, ya que en 2013 tramitó 243 recursos, lo que supuso un 69 por ciento más que en el primer año de servicio, en el que se registraron 144.

A juicio de la consejera, este aumento de su actividad en el pasado ejercicio "demuestra que es un instrumento eficaz para los operadores económicos porque es accesible y ágil y, sobre todo, independiente". "Creo que en una época como la actual, la existencia de este tribunal pone de manifiesto que realmente se acertó cuando se impulsó su creación porque, a pesar de sus recursos limitados, hace un esfuerzo extraordinario por resolver en tiempo y forma estos requerimientos", ha recalcado.

Además, ha destacado que el volumen de recursos en 2013 fue "muy superior" al del resto de tribunales autonómicos como el de Madrid (181 recursos), Aragón (79), Cataluña (75), Castilla y León (75) y Navarra (25) y también con respecto a los 1.067 recursos tramitados por el Tribunal Central, ya que éste aglutina los procedentes de las comunidades que carecen de órgano propio (Extremadura, La Rioja, Castilla La Mancha, Murcia, Cantabria, Valencia, Asturias, Galicia, Baleares, así como Ceuta y Melilla).

Montero también ha llamado la atención sobre que, de los 243 recursos tramitados en 2013, el tribunal dictó resolución estimatoria en el 14 por ciento de los casos y sobre que, contando solo las resoluciones que suponen decisiones sobre el fondo del asunto (excluyendo la inadmisión o el desistimiento), en el 39 por ciento de los casos se estimaron total o parcialmente las pretensiones de las empresas licitadoras, lo que "viene a confirmar la independencia funcional con la que actúa".

Durante su intervención, Montero también ha recordado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cobra una tarifa de 20.000 euros al año de cuota fija y 350 euros adicionales por cada recurso resuelto a las comunidades autónomas adheridas al Tribunal Central, lo que significa que, en estos dos años, la Junta se ha ahorrado "un coste de unos 125.000 euros" al disponer de su propio tribunal que, además, se dota de medios materiales de la propia Consejería de Hacienda y el personal asignado es funcionario de la Administración de la Junta.

En línea con esta misma idea, ha subrayado que, mientras el Estado cobra una tarifa a las autonomías y, por ejemplo, la Comunidad de Madrid exige una tasa de 600 euros a las entidades locales por cada recurso que resuelven, la Junta de Andalucía ofrece los servicios del Tribunal de forma gratuita a los Ayuntamientos andaluces.

Los tres grupos apoyan su función

En el debate con los grupos parlamentarios, los tres han coincidido en destacar la labor del tribunal aunque con algunos matices. Así, el diputado popular Rafael Carmona ha sido el más crítico y ha querido llamar la atención en el hecho de que casi el 40 por ciento de los casos haya estimado total o parcialmente las pretensiones de las empresas licitadoras, lo que, a su juicio, "significa que no estamos haciendo bien lo que debemos hacer" en la fase previa a este trámite.

"Es llamativo el que el 40 por ciento de los recursos en los que se ha entrado en el fondo sean estimatorios, y es importante señalarlo porque pone de manifiesto que hay que mejorar todo el procedimiento de contratación para que sea impecable", ha argumentado al respecto.

Por su parte, el socialista José Caballos ha recalcado que la creación de este tribunal fue "una decisión política oportuna y acertada" porque en este tiempo ha demostrado "su independencia, agilidad y austeridad", puesto que "es un órgano que prácticamente tiene un coste cero para los contribuyentes andaluces".

Por ello, ha insistido que hace "una labor muy necesaria, conveniente y con muy poco gasto público" que, además, "sirve para reforzar los mecanismos de transparencia demandados hoy día por la sociedad" y que son "más necesarios que nunca". De ahí, que haya apostado por "avanzar aún más en todos estos organismos y controles que hagan que el funcionamiento de los público sea ejemplar y transparente", ha recalcado.

Finalmente, el diputado de IULV-CA Ignacio García ha animado a la consejera a seguir potenciando "lo público" con iniciativas como la creación de este tribunal, cuyo trabajo ha calificado de "útil" por contribuir a descongestionar la justicia en un momento como el actual en el que muchos de los tribunales de la comunidad están colapsados por asuntos de tipo menor que se pueden resolver perfectamente en este tipo de instituciones.

Aunque ha destacado como positivas las cifras alcanzadas por este tribunal en sus dos primeros años de creación, ha considerado que "aún no ha dado de sí todo lo que está llamado a dar, entre otras cosas, porque la contratación pública ha disminuido por la crisis" en los últimos meses. Por eso, ha conminado a Montero a empezar a "plantearse una dotación mayor de recursos humanos" para este tribunal bajo la premisa de la "optimización del sector público", de modo que se puedan "atraer" para este organismo al "personal de entes instrumentales o de la propia Junta que pudieran desarrollar aquí una labor más efectiva que en su puesto actual".