La Junta de Andalucía, a través del delegado de Empleo en Cádiz, Juan Bouza, hizo este lunes entrega al Consejo de Administración de Delphi de Puerto Real (Cádiz) de un escrito en el que requiere a la empresa el "cumplimiento escrupuloso de la legislación laboral vigente" y le advierte de que su cierre puede ser constitutivo de un presunto delito del Código Penal, con penas hasta de cárcel. En el escrito, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, le recuerda a la empresa que el Real Decreto 1/1995 dice que cualquier planteamiento que pretenda la extinción de las relaciones laborales debe contar con autorización administrativa, así como que para

Además, en el escrito, Fernández le recuerda a la empresa la existencia del acuerdo alcanzado en el denominado Plan Industrial 2005/2010, que contempla unos determinados compromisos en materia de empleo de carácter fijo.

Según indica el consejero, los incumplimientos que puedan darse de la normativa y acuerdos citados "pudieran ser incluso constitutivos de un presunto delito previsto en el artículo 311 ó en el 257.2 del vigente Código Penal". Estos delitos pudieran acarrear penas de seis meses a cuatro años de prisión.

La empresa aún no ha comunicado a la Administración su intención de cierre de la planta.

Vuelta al trabajo

Por su parte, los empleados de Delphi regresaron este lunes con total normalidad a sus puestos de trabajo, tras un fin de semana sin producción en el que un retén ha permanecido en la puerta de la factoría para no encontrarse "sorpresas".  El domingo unas

Unas 4.000 familias podrían verse afectadas por el cierre de la factoría anunciado el jueves por la multinacional estadounidense, por ello, los trabajadores ya tiene la mente puesta en la gran manifestación convocada para el próximo jueves por las calles de Cádiz en la que esperan contar con el apoyo de numerosos ciudadanos