Ana Garrido Ramos ha ganado la batalla que entabló hace años contra la corrupción. Un juzgado de Móstoles acaba de condenar al Ayuntamiento de Boadilla, del PP, a pagar 96.450 euros a Ana, funcionaria del Consistorio, por el acoso laboral sufrido en los últimos años. Ana, diplomada en magisterio y personal laboral fijo tras aprobar dos oposiciones, es testigo clave en la trama Gürtel, testigo de la Fiscalía Anticorrupción. Ana conoce muy bien este municipio y su Ayuntamiento, donde ha estado trabajando 20 años. Francisco Correa, cabecilla de la red, hizo de Boadilla uno de sus cortijos, donde hacía y deshacía a su antojo tras sobornar a varios cargos municipales (tres de ellos están imputados).

Ana se enteró y lo denunció. Primero escribiendo una carta el 2 de diciembre de 2007 a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, relatando los chanchullos del entonces alcalde de la localidad, Arturo González Panero, alias el albondiguilla, con varias empresas de la trama. Ana daba incluso los nombres de estas sospechosas sociedades, que luego ser harían famosas. La carta se envió un mes después de que José Luis Peñas, el exconcejal que grabó durante dos años a Correa y desenmascaró la trama Gürtel, acudiera a la Policía con todas las conversaciones.

Ana, al igual que Peñas, creía que hacía lo correcto. Pero su carta no obtuvo respuesta. La repitió en febrero de 2009, días después de que el juez Baltasar Garzón ordenara las primeras detenciones, incluida la de Panero (hoy imputado). Tampoco obtuvo respuesta por parte de Aguirre. Ahora, seis años después, Ana asegura que su lucha "ha merecido la pena" y que su único deseo era dejar de trabajar en el Consistorio que "ha supuesto un calvario" para su vida.

Ana ha sufrido un acoso continuado en el tiempo, en dos etapas distintas, con dos Gobiernos municipales distintos. En 1993 empezó a trabajar en el Consistorio en el área de Juventud cuando Panero era concejal. Luego ambos coincidieron en la concejalía de Personal hasta que Panero llegó a la Alcaldía en 1999. Con Panero en el poder, Ana empezó a ver cosas que no le gustaron: adjudicaciones sospechosas. Tras decírselo a Panero, empezaron los problemas y el acoso. Le quitaron el teléfono móvil municipal, la cambiaron de despacho, le quitaron funciones...

Ana no se vino abajo. Elaboró una especie de informe de 300 páginas con todas las irregularidades que detectó, incluida una investigación sobre el abultado patrimonio del alcalde. Se lo entregó al sindicato Manos Limpias, que presentó el dosier ante la Fiscalía Anticorrupción. Ese informe se ha utilizado en la investigación judicial. Pero aunque decidió luchar contra la corrupción, este combate tuvo su precio. Estuvo de baja psicológica y decidió cambiar de vida en el extranjero tras pedir una excedencia. Se fue a Costa Rica donde trabajó de cajera, jardinera y en un hotel, estancia interrumpida con vuelos a España para declarar ante el juez.

Panero se fue y con él casi todo su equipo. Con las elecciones municipales, y la llegada del nuevo alcalde, Antonio González Terol, Ana decidió volver al Ayuntamiento en junio de 2011. Y la pesadilla se reprodujo. Ana se reincorporó a la concejalía de Juventud con un sueldo inferior al que le correspondía. Siguió el acoso. Su jefe no trataba con ella y le encargaba trabajos para tenerla ocupada que luego no se utilizaban para nada. Harta, decidió denunciar en abril de 2013 y empezó a contarlo todo en su blog, titulado La honestidad tiene un precio.

Ahora, el juez le da la razón y declara en la sentencia que el sueldo que percibe Garrido es de "cuantía anual bruta inferior a la que le correspondía", por lo que condena al Consistorio a pagar 81.473 euros para que rescinda el contrato con Ana "con la indemnización de despido improcedente". A esa cantidad hay que sumar 14.977 euros por daño moral. El juez valida también las grabaciones que hizo Ana de las conversaciones con su jefe. Este reconoce en ellas que los trabajos de Ana son paralizados a propósito porque "quieren que te canses" y que se lo iban "a hacer pasar mal". El Ayuntamiento ha anunciado que recurrirá la sentencia, mientras que la oposición, PSOE y Alternativa por Boadilla, han pedido la dimisión del alcalde y del jefe directo de la trabajadora,  Alfonso Arias Javaloyes, al que la sentencia señala artífice del acoso, y que además es Secretario General del PP en el distrito Moncloa-Aravaca.