Expertos en Derecho han puesto de relieve la "indefensión" de los afectados por participaciones preferentes en España durante una de las ponencias llevadas a cabo en las jornadas 'Los consumidores, agentes sociales responsables ante la crisis', que ha organizado Adicae-Andalucía en el Hotel NH Plaza de Armas de Sevilla.

Según una nota de Adicae, el abogado y miembro de los servicios jurídicos de Adicae Luis García Perulles ha recordado los comienzos del problema de las participaciones preferentes, circunscrito a ciertas entidades financieras o comerciales, "que luego acabaría desbordándose a todo el sector financiero". Todo esto, ha comentado, "le sirvió a Adicae para adecuar sus servicios a las necesidades de los consumidores en este sentido, de hecho, se puede decir que no hay un adecuado sistema de resolución de conflictos, ya que al Estado le importa más la libertad de empresa en todos los sentidos que la protección de los consumidores".

En lo referente al caso concreto de los productos de inversión y el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha precisado que ésta "no sirve para nada tal y como está montada". Igualmente, ha considerado que la Ley de Economía Sostenible "era poco concreta en sus propuestas como para poder ser realmente efectiva". Así las cosas, García Perulles ha matizado que las entidades financieras "nunca han querido someterse al sistema de arbitraje de consumo", sin olvidar que la estrecha vinculación del poder político a organismos como la propia CNMV "implica una carencia de objetividad en las decisiones de estos órganos".

Paralelamente, ha indicado que los arbitrajes de preferentes "no son válidos ni independientes toda vez que se dan contradicciones como que existan departamentos de 'defensores del cliente' que trabajan para la misma entidad contra la que se dirigen las reclamaciones del usuario". En resumen, ha sentenciado, "la eficacia de las medidas institucionales sólo se logrará con presión social", en una idea que se plasma en aspectos como la Marea Ciudadana que promueve Adicae, "en pos de un consumidor activo y concienciado de sus derechos".

Por su parte, el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Granada (UGR) Guillermo Orozco Pardo ha subrayado que la justicia en España "es lenta, si se le compara, por ejemplo, con la celeridad con la que actuaron los tribunales estadounidenses en asuntos paradigmáticos como el caso Madoff".

Sobre este punto, ha puesto de relieve "la necesidad de elaborar un código de consumo en España", aunque ha recordado los "increíbles servicios" que ha prestado el Código Civil a la sociedad, ya que, "la responsabilidad civil es el mejor instrumento codificado para el resarcimiento del daño causado al consumidor".

Igualmente, el catedrático ha destacado "la necesidad de exigirle al estamento político que trabaje en el derecho del consumo , ya que los usuarios se encuentran en una auténtica situación de súbditos ante las grandes multinacionales". Así, el 30 por ciento de ellos no ha ido nunca a la escuela; el 41 por ciento no terminó la educación primaria, mientras que el 62 por ciento son pensionistas y jubilados. Se trata, pues, de un segmento de población expuesto a una especial vulnerabilidad como potenciales víctimas de abusos bancarios a priori, tal y como Adicae ha puesto de relieve.

Asimismo, Orozco ha adelantado que en 2020 existirán en España más de diez millones de habitantes mayores de 60 años y que, para entonces, la pensión media de mayor cuantía será de 1.600 euros, y se habrá perdido un 30 por ciento del poder adquisitivo, con nuevas disminuciones progresivas de ambas magnitudes en años subsiguientes.

"no puede ser rentable vulnerar la ley"

Al mismo tiempo, ha llamado la atención sobre las constantes subidas de la luz justificadas por las eléctricas en la existencia del denominado déficit de tarifa, "y que contrastan con los dividendos de 1.600 millones de euros que acaba de anunciar una sola de las compañías del sector". En consecuencia, abogado por controlar la publicidad y el contenido de los contratos así como por crear un organismo específico como existe en Portugal, con el denominado Mediador de Crédito. "Hay que imponer un sistema de sanciones ejemplarizantes y una disciplina a la infracción, ya que nunca puede ser rentable vulnerar la ley, y hoy por hoy lo es" en nuestro país, ha advertido Orozco.

Por otro lado, otra de las ponencias ha versado sobre la situación de los consumidores ante las telecomunicaciones, la energía y el transporte, que contó con la participación del director del Departamento de Relaciones con los Consumidores de Endesa, Pedro Barea Polo.

De este modo, Barea ha indicado que la compañía tiene 4,5 millones de contratos en Andalucía, de los cuales un elevado número corresponde a clientes con Tarifa de Último Recurso (TUR). Asimismo ha desvelado que 15 operaciones de cada 10.000 acaban en reclamaciones, "sin olvidar que las tres compañías que conforman Endesa están acogidas al sistema arbitral".

Por su lado, otro de los ponentes, Javier Cornejo, director del Departamento de Relaciones con los Consumidores de Iberdrola, ha indicado que las dos comercializadoras de la compañía están adheridas al sistema arbitral, a través de las Juntas Arbitrales Autonómicas que cubren todo el territorio nacional, donde Iberdrola cuenta con 15 millones de contratos.

En cuanto a las reclamaciones, la mayor parte de ellas se presentan por teléfono y con una ratio de una petición de arbitraje al día por cada millón de clientes. El 85 por ciento de las peticiones se resuelven a través de la mediación, mientras que el 15 por ciento restante llegan al laudo que, en opinión de Cornejo, "es un fracaso del sistema ya que se produce por una falta de comunicación entre ambas partes, que consideran que la razón está de su lado".

Aumento de las quejas sobre la banca en andalucía

Igualmente, el presidente de la Junta Arbitral de la Junta de Andalucía, Daniel Escalona, ha explicado que este organismo gestionó en el pasado año alrededor de 22.000 hojas de quejas y reclamaciones, y se calcula que en 2013 este número habrá crecido en 600 quejas adicionales.

En estas reclamaciones, el primer puesto lo ocupan las telecomunicaciones; el segundo el comercio minorista seguidos de los servicios esenciales (agua, energía) y el cuarto el financiero-inversión que, sin embargo, es el que mayor incremento en la cantidad de quejas ha experimentado en 2013.

Por último, el profesor de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) José Antonio Colmenero Guerra y exjefe de gabinete del Ministerio de Justicia ha apostado porque el Ministerio Fiscal sea parte en los casos, "siempre que esté presente la defensa de los derechos de los ciudadanos".

En este aspecto, ha llamado la atención sobre el hecho de que en España "sigan pendiente de reformarse códigos legales, que se remontan al siglo XIX y que son tan importantes como el Civil, el de Comercio y la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

"Nadie habla de ello pero estamos en el siglo XXI y la sociedad española no tiene nada que ver con la que existía en el siglo XIX", ha apuntado Cornejo que, además, se ha declarado partidario de una ley procesal para el ejercicio de acciones judiciales colectivas, uno de los puntos que constituyen el eje de la estrategia de Adicae en la defensa de los consumidores en casos, precisamente, como el de las preferentes o las cláusulas suelo, que afectan a millones de españoles.