La Agencia andaluza de la Competencia insta a la CNMC a impugnar la orden de interrupción del suministro eléctrico

Más de cien empresas andaluzas perderán las compensaciones por ofrecerse a apagar la luz y verán amenazadas su viabilidad económica y el empleo

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) ha instado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a que impugne judicialmente la orden gubernamental que regula las condiciones de interrupción del suministro eléctrico a distintas industrias españolas en situaciones de emergencia, para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico.

La agencia considera que ante esta "discriminación no justificada" entre consumidores electro-intensivos, la agencia ha solicitado a la CNMC que impugne ante la jurisdicción contencioso administrativa la reglamentación ministerial.

En una nota, la agencia ha recordado que la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre del Ministerio de Industria, Energía y Turismo regula las denominadas 'condiciones del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad'; en virtud de las cuales las empresas que mayor electricidad consumen —cementeras, siderúrgicas, químicas, gases industriales y del metal repartidas por todo el país— logran una factura más barata por ofrecer su disponibilidad a desconectarse de la red ante cualquier incidente que ponga en peligro el suministro al país.

El nuevo sistema "altera sustancialmente los requisitos para participar en el sistema de interrumpibilidad, el procedimiento de asignación a las empresas y su régimen retributivo". A partir de ahora, operará un mecanismo de subasta, gestionado por Red Eléctrica Española (REE), para que "las compañías puedan ofrecer su potencia contratada", lo que significa que la retribución "se fijará en la subasta en función de la demanda efectuada por REE y la oferta de las empresas que pujen".

La agencia andaluza ha explicado que los requisitos previstos en la orden ministerial para participar en la subasta "excluyen a la mayoría de los actuales proveedores, muchos de ellos andaluces, y en la práctica solo permitirá beneficiarse de la compensación tarifaria a los mayores fabricantes industriales del país".

De esta forma, asegura que la medida "perjudica a más de cien industrias andaluzas de mediana y pequeña potencia contratada que desde 1985 lograban compensaciones por ofrecerse a cortar el fluido eléctrico ante un eventual requerimiento del Estado".

"Éstas no solo deberán pagar a partir de ahora una factura más cara por producir sino que deberán hacerlo en desventaja con grandes industrias competidoras", asevera la agencia, que apunta que datos relativos a 2011 sugieren que el cambio normativo "pone en riesgo en Andalucía un total 5.130 empleos y una producción de 4.487 millones de euros". Asimismo, precisa que las empresas que pierden la compensación tarifaria "suponen el siete por ciento de la producción industrial andaluza para este año y el 2,5 por ciento del empleo industrial".

La agencia andaluza ha recordado que los "daños" que la nueva regulación ocasionará a las industrias españolas acogidas al sistema de 'interrumpibilidad' "ya fueron pronosticados por la Comisión Nacional de Energía, actualmente integrada en la CNMC, en su informe 22/2013, al examinar esa orden cuando se hallaba en fase de elaboración". Ha agregado que también la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, "alertaba de los incontables perjuicios en un informe de fecha 29 de julio de 2013, emitido igualmente cuando esa norma se hallaba en fase de borrador".

La Agencia de Defensa de la Competencia juzga que se ha efectuado una "incorrecta aplicación de los principios de buena regulación económica".

La agencia advierte de que el Gobierno central "bonificará las tarifas eléctricas de grandes consumidores de energía (empresas interrumpibles) y dejará fuera a la gran mayoría de las empresas que venían haciéndolo desde 1985, distorsionando el juego competitivo".

A su juicio, "la nueva regulación incumple los principios de proporcionalidad y mínima distorsión a la competencia consagrados en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que entró en vigor el pasado 11 de diciembre, toda vez que para la consecución de los objetivos perseguidos (la seguridad del servicio eléctrico) existen medidas menos restrictivas y distorsionadoras".

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