En este sentido, desde la PAH se explica que "con la única petición de ubicación en una residencia para Luisa, se negoció con el mando de la Policía que sólo accedería al edificio el médico forense, para dar constancia que ella se encontraba en su piso y las circunstancias". "Sin resistencia ninguna por parte de la plataforma y haciéndole pasillo el médico se dirigió a la entrada, pero tras él y rompiendo el acuerdo fueron entrando policías con su mando en cabeza, llegando a romper el cristal de la puerta tras la cual se encontraban dos compañeros", añade, agregando que "todos los congregados allí, viéndose engañados hicieron barrera pacífica para evitar la entrada con la indignación de ver cómo la falta de compromiso con la sociedad civil por parte de los que, se supone, nos defienden es nula".

Alega que la policía "con todas sus fuerzas y falta de sensibilidad dieron golpes y presionaron contra la pared", lo que asegura que conllevó que una persona fuera trasladada al hospital y "varios más con contusiones y lastimados". Así, califica los hechos de "vergonzosos por parte de unos funcionarios públicos que en vez de proteger al pueblo son mandados para proteger los intereses del poder financiero".

Por su parte, UGT rechaza "la violencia empleada"y muestra su "malestar e indignación" por lo sucedido ante una "concentración pacífica", donde "las fuerzas de seguridad del estado actuaran provocando un enfrentamiento". "Los efectivos policiales acudieron y actuaron contra los manifestantes con la misma dureza que si estuvieran ante delincuentes peligrosos", lamenta.

Así, para Juan Bautista Ginés, secretario general de UGT Sevilla, se está ante "un ejemplo de lo que la nueva ley de seguridad ciudadana impulsada por el Partido Popular puede traer consigo, la mordaza a los ciudadanos que no tendremos derecho ni tan siquiera a manifestarnos en contra de las injusticias sociales que se produzcan". "Es indignante que se sigan produciendo desalojos, sin tener en cuenta además la avanzada edad y enfermedad y una vez más ante el eslabón más débil de la sociedad, otra víctima de las cláusulas abusivas y la especulación de las entidades bancarias", agrega.

Ante esto, critica que el Gobierno central, "ajeno una vez más a la fuerte crisis", impugna la ley andaluza de la función social de la vivienda. "El Gobierno sigue dando la espalda a los ciudadanos y continúa favoreciendo el abuso de los bancos, evidenciando que se gobierna al arbitrio de lo que los interés del capital dictan", concluye.