La jueza que investiga la muerte de Juan Andrés Benítez tras ser reducido a golpes por los Mossos d'Esquadra, conocido como el caso Raval, ha tramitado el caso por el procedimiento del tribunal popular por un delito contra la vida, al entender que los golpes que recibió y la contención policial "desencadenaron" su muerte violenta.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que mantiene imputados por esta causa a diez agentes de los Mossos d'Esquadra, remarca que de todas las diligencias practicadas hasta el momento se desprende que la muerte del empresario, el pasado 6 de octubre, tuvo como antecedente "un comportamiento humano de carácter violento".

Después de que la ampliación de la autopsia concluyera que la muerte del empresario tuvo un origen multifactorial, la juez deduce que los golpes propinados a Benítez, que dieron lugar a los traumatismos y a las heridas que sufrió, así como los mecanismos y maniobras de contención que efectuaron los mossos imputados "pueden ser considerados como elementos participantes en el resultado de muerte", por lo que "desencadenaron" su fallecimiento.

La juez considera "verosímil" que se trata de un una "muerte violenta", por lo que tramita el caso por el procedimiento del jurado —de forma que el caso sería juzgado por un jurado popular si llegara a juicio—, aunque mantiene abierto un "abanico de posibilidades" acerca de la tipificación, desde el dolo directo hasta la muerte por imprudencia.