Los afectados por las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa han creado una plataforma unitaria, integrada por Adicae y la Federación de Clientes de Afinsa y Forum Filatélico, donde piden "justicia" y que convocará movilizaciones y acciones en 12 ciudades, dentro de un campaña denominada 'Justicia y solución política YA!'.

En una nota, los afectados han indicado que la plataforma ha presentado una propuesta de solución política "que ya ha sido apoyada por unanimidad en las Cortes de Aragón, Valencia y Murcia".

Esta plataforma representa a más de tres cuartas partes de los 470.000 afectados en toda España.

De esta forma, la plataforma convocará las primeras acciones y movilizaciones para el jueves 12 de diciembre en 12 ciudades, que en el caso de Madrid consistirá en una cadena humana ante el Ministerio de Justicia en Madrid. Esas 12 ciudades serán Valencia, Zaragoza, Barcelona, Murcia, Pamplona, Cáceres, Badajoz, Vigo, La Coruña, Santiago de Compostela, mientras que en Andalucía las acciones tendrán lugar en Almería, donde se hará una entrega de escritos de afectados en los juzgados almerienses de la carretera de Ronda.

La campaña incluirá una imagen propia, acciones directas, movilizaciones, recogida de apoyos, redes sociales y una página web de la campaña 'www.solucion.forum-afinsa.org'.

Estos afectados exigen, "tras más de siete años sin respuesta', soluciones y reclaman diálogo al Gobierno con el horizonte de plantear "una hoja de ruta antes del próximo mayo, cuando se cumplirán ocho años del estallido del caso'.

La nueva estrategia de unidad surge coincidiendo con los dos años del Gobierno del PP, "un partido que mediante carta firmada por el entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, se comprometió a dar una solución cuando llegara al Gobierno". Los perjudicados denuncian el "flagrante incumplimiento" del compromiso y "desinterés" el resto de grupos políticos, por lo que se ven "legitimados para subir el tono" de las reivindicaciones.

La plataforma tiene dos ejes de reivindicaciones, esto es, solución política y justicia, de forma que impulsan una elaborada propuesta de solución política, basada en que el Estado "adquiera los derechos reconocidos a los afectados en el paralizado proceso concursal de liquidación de las empresas". Esta propuesta "no generaría déficit" y ya ha sido apoyada por unanimidad por los parlamentos de Aragón, Valencia y Murcia, de forma que "la pelota está ahora sobre el tejado del Gobierno central".