El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha expuesto en la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones en el Parlamento las que serán sus líneas de actuación durante su mandato, un total de siete entre las que destacan la "intensificación" de la defensa de los derechos constitucionales y sociales y de la presencia de la Institución en cada una de las provincias andaluzas.

Durante su intervención, Maeztu ha señalado que entiende este periodo que se inicia como "oportunidad de trabajo, esfuerzo y servicio a la ciudadanía" y "no como mera suma de plazo añadido", y ha ratificado su "convicción" de que se debe lograr una institución "cercana, acogedora y hasta cómplice de las demandas ciudadanas". Además, se ha mostrado "convencido" de que "se debe incorporar limpieza y transparencia en todo lo que concierne a la cosa pública", en pro de "la calidad democrática de las instituciones".

Y para ello, la primera de las líneas de actuación se centra en "intensificar" la defensa y protección de los derechos constitucionales, y "muy singularmente de los derechos sociales, especialmente en el ámbito de los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad", una defensa que "constituye la principal seña de identidad del Defensor". En este sentido, afirma que la situación de crisis "afecta de modo singular a los derechos sociales", y dice que "habrá que prestar especial atención" a aspectos como "los problemas de vivienda, las consecuencias de los nuevos parámetros en la concesión de becas o las graves dificultades de inclusión como consecuencia de una situación permanente de desempleo".

Además, aboga también por una "especial atención" a la defensa del sistema de atención a la dependencia, "por constituir un pilar básico del Estado de Bienestar, cuyos principios deben ser preservados incluso en situación de crisis, como sector de futuro que no solo responde a las necesidades de una población cada vez más envejecida sino también como fuente de empelo, sobre todo entre las mujeres".

Como segunda línea de actuación, Maeztu afirma que está dirigida a "profundizar" en el desarrollo actuaciones como Defensor del Menor para "la protección de derechos de este sector especialmente vulnerable en el ámbito familiar, escolar y en el uso de las redes sociales". "Esta Institución debe seguir avanzando y prestando una atención especial a los menores afectados por la crisis, que se ha vuelto crónica para un importante número de familias, poniendo en evidencia una tasa preocupante de pobreza infantil que como sociedad no podemos permitir".

Además, y como tercer reto, Maeztu se propone "impulsar la mediación como instrumento de resolución de conflictos en los que se encuentren afectados derechos de contenido social", toda vez que subraya la cultura del diálogo y el consenso como "principal instrumento" de esta Institución, y "para evitar el deterioro aún mayor de esos derechos".

Igualmente, se propone una cuarta línea de actuación como es la de "intensificar" la fórmulas de participación "más real con colectivos y organizaciones sociales en defensa de los intereses de los ciudadanos con una presencia más intensa en cada provincia a través de foros y una adecuada política de comunicación". "Lo haremos con programas de proximidad y estrategias de comunicación que nos permitan justificar los motivos de nuestras actuaciones", porque "no podemos imponer pero si convencer, con lo que la acción de divulgación es estratégica".

Como quinto reto, apuesta por "fortalecer" el papel del Defensor "como elemento de cohesión social y garantía los derechos estatuarios de las ciudadanía", toda vez que defiende la Institución como "un importante factor de cohesión social". "No solo hay una ley estatal que regular la coordinación de las defensorías del pueblo, sino que éstas suman esfuerzos desde sus respectivos ámbitos competenciales".

Maeztu quiere también "profundizar y avanzar" en el desarrollo de las políticas de calidad, que "configuren la Institución como servicio ágil, cercano y eficiente", porque "se debe dar respuesta a los problemas y necesidades de la ciudadanía, pero seguir haciéndolo desde planteamientos de seriedad y rigor". En pro de ello, resalta la mejora del sistema de quejas y consultas, y destaca la configuración actual de la web como instrumento útil de acceso de los ciudadanos a la Institución y la presencia del Defensor en las redes sociales.

Por último, el Defensor del Pueblo Andaluz quiere "potenciar" la interlocución fluida con el Parlamento par el mejor cumplimiento de las tareas de la Oficina.

Destaca por la "austeridad" en este sexto mandato

Asimismo, Maeztu ha apuntado a la "austeridad y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos" como prioridades también de este sexto mandato, en el que dice "asumir con rigor hacer más con menos". como indicadores de esta trayectoria de austeridad, informa de que "en 2014 han situado el gasto presupuestario de los capítulos dos, cuatro y seis por debajo de niveles de 2004", y ha indicado que "baja el 2,61 por ciento el total del presupuesto". Además, dice que la austeridad "viene también de la mano de la transparencia en la contratación", y en este sentido señala que "la promoción de concurrencia de al menos cinco licitadores para todas las adquisiciones con importe superior a mil euros, les ha permitido ahorra 100.000 euros en este ejercicio".