El PRC ha presentado 44 enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, en las que reclama una reducción de un 3,5% en todas las tasas del Gobierno regional para adaptarlas al IPC; la eliminación de algunas de ellas y del 'céntimo sanitario'; progresividad en el impuesto sobre el patrimonio y en el de sucesiones; bonificaciones en el canon de saneamiento, y la supresión de las reformas legislativas introducidas, a su juicio, de "rondón".

Además, el grupo parlamentario regionalista pide que se suprima la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) planteada por el Gobierno porque, en su opinión, beneficia, sobre todo, a las rentas más altas y se incluyan deducciones en él para las familias numerosas, para aquellas con hijos menores a cargo y para los sujetos pasivos de más de 65 años que no se pueden incorporar a la Ley de Dependencia.

En la presentación de estas enmiendas en rueda de prensa, la diputada regionalista Alodia Blanco ha exigido al Gobierno regional que se restablezcan en el canon de saneamiento los importes de los años 2010 y 2011 en su parte fija y variable, que, según ha asegurado, se han incrementado en la actual legislatura "no menos" de un 76% y también que se incluyan en esta ley, conocida como Ley de Acompañamiento, las bonificaciones comprometidas por el Ejecutivo regional para las familias.

En lo relativo a las modificaciones de determinadas leyes dentro de la Ley, el PRC ha acusado al Gobierno de haber introducido "reformas a la carta" en algunas como la Ley de Ordenación Territorial y de Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, conocida como Ley del Suelo que, a su juicio, no se encuentra "suficientemente justificada".

De hecho, ha afirmado que los regionalistas tienen el "pálpito" de que podría ser una reforma para "legalizar" situaciones que, a su juicio, "no pueden caber" en el ánimo de esta ley y que, además, afectarían a "altos miembros" del Gobierno regional.

Además, desde el PRC se pide que se supriman aquellas modificaciones normativas que, a su juicio, se han querido "colar" desde el Gobierno regional "de puntillas" dentro de esta Ley, como las previstas en la Ley de Consumidores y Usuarios; aquellas relativas a las sanciones en sectores como el turismo o las que suponen un incremento de poderes del presidente regional o cambios en la composición de la Ejecutiva del Instituto Cántabro de Finanzas.

En este ámbito, los regionalistas han pedido que el personal del Servicio Cántabro de Salud recupere su jornada habitual y se suprima la ampliación a 37,5 horas semanales y también que se supriman aquellas modificaciones que, según el PRC, introducen "medidas más restrictivas" para el cobro de la renta social básica o que introducen "sanciones" a sus beneficiarios por determinados incumplimientos.

Los regionalistas también reclaman en sus enmiendas a la Ley de Acompañamiento la recuperación de la Cooperación al Desarrollo en la forma en la que se encontraba en la anterior legislatura y que, a su juicio, está "paralizada" desde la llegada del PP al Gobierno regional.

También, la diputada regionalista se ha quejado de que se pretenda modificar desde el Ejecutivo regional el régimen de incompatibilidades para ejercer de diputados y otros cargos en el Parlamento regional sin debate parlamentario, introduciéndola en la Ley de Acompañamiento.

Diez enmiendas al presupuesto del icass

En esta rueda de prensa, Blanco ha estado acompañada por la también diputada del PRC Rosa Valdés, que ha sido la encargada de presentar las diez enmiendas al presupuesto del Instituto Cántabro de Servicios Sociales para 2014, que asciende en el proyecto de ley del Gobierno regional a 204,4 millones de euros.

Las enmiendas, cinco de nueva creación y cinco de ellas reclamando suplementos a partidas, a su juicio, "insuficientes", son por un importe de 12,8 millones de euros.

Dos de las enmiedas introducidas, que ascienden a 8,6 millones, van dirigidas a reforzar los servicios sociales que prestan los ayuntamientos, de los que, a su juicio, el Gobierno regional se ha "olvidado" en materia de servicios sociales.

Así, los regionalistas quieren devolver a los ayuntamientos sus competencias en los servicios sociales de Atención Primaria para la prestación de la ayuda a domicilio y la teleasistencia en cooperación con el Gobierno regional.

Además, se pide una partida de 200.000 euros para transferencias de capital a los ayuntamientos para infraestructuras de servicios sociales.

Dentro de las enmiendas del PRC al Presupuesto del ICASS, las dirigidas a mejorar las prestaciones económicas en el ámbito de los servicios sociales y la discapacidad tienen un importe de casi 4 millones de euros.

De esa cantidad, la mitad, dos millones de euros, se reclaman para ayudas sociales al alquiler de viviendas y 1,5 millones para ampliar la partida para transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro para las prestaciones económicas del sistema de la autonomía personal y la atención a la dependencia.

Además, se pide recuperar como prestación garantizada en la cartera de servicios sociales las prestaciones no contributivas por hijo.

Se reclama incrementar en casi 151.000 euros las cuantías destinadas a las ayudas sociales a familias en riesgo y para el Fondo de Asistencia Social; en 100.000 la partida para el Plan de Atención a la Discapaciudad y de 200.000 para una ampliar la partida del programa de acogimiento familiar a menores.

Según Valdés, estas enmiendas al Presupuesto del ICAAA reflejan "el compromiso regionalista" con los servicios sociales públicos que prestan los ayuntamientos y con la atención a la necesidades sociales de la población más vulnerable.

En estas enmiendas al ICASS, los regionalistas quieren expresar, según Valdés, su "creencia firme" en la capacidad de los servicios sociales públicos para generar "cohesión social, riqueza económica y una sociedad más igualitaria y justa".

En su opinión, el presupuesto del ICASS previsto por el Gobierno regional opta por el "modelo de la caridad"