Las propuestas de la Junta de Castilla y León para reformar la Administración de la Comunidad y la ley de medidas urgentes de vivienda centrarán el último pleno ordinario de este periodo de sesiones que arrancará este martes, 10 de diciembre.

En concreto, la sesión plenaria comenzará con la Comunicación de la Junta de Castilla y León relativa a las reformas llevadas a cabo hasta ahora en la Administración de la Comunidad y a las propuestas de actuación futura, una intervención que correrá a cargo del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.

Así, en primer lugar comparecerá la Junta, en este caso el propio consejero, después los portavoces, se parará media hora el pleno y a la mañana siguiente se presentarán resoluciones, que se defenderán y posteriormente se votarán.

Esta comunicación fue anunciada por el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el pleno del 11 de septiembre cuando, en respuesta al viceportavoz del Grupo Mixto, Alejandro Valderas, se comprometió a debatir con los grupos en las Cortes y tratar de consensuar la reforma de la estructura de la Administración autonómica.

El objetivo, precisó entonces el presidente de la Junta, es ser "absolutamente sensibles" al trabajo conjunto del Parlamento regional en la "necesaria" reforma de la estructura de la Administración autonómica bajo las premisas de mantener las bases con las que se creó Castilla y León, en referencia a la austeridad, y de conseguir unas estructuras más austeras y eficaces al servicio de los ciudadanos, "que es lo que importa".

Herrera se ha pronunciado de este modo en respuesta a una pregunta oral del viceportavoz del Grupo Mixto, el leonesista Alejandro Valderas, que se ha interesado por las intenciones del presidente de la Junta en cuanto a la aplicación en la Comunidad del Plan Cora de reforma de la Administración Pública del Gobierno.

El presidente comprometió entonces la presentación antes del 30 de octubre de un informe sobre la reforma de la estructura de la Administración autonómica con medidas concretas que eviten duplicidades y sean realistas y prácticas, lo que requiere, a su juicio, de ese "amplísimo debate parlamentario" que ofreció a través de la Comunicación.

El jefe del Ejecutivo regional aseguró asimismo que la Junta de Castilla y León no esperará a que se aprueben las leyes básicas del Gobierno de la nación para la reforma de la estructura administrativa y recordó que ya se han tomado iniciativas en esta línea que se "profundizarán" en 2014.

Por otro lado, el sexto y último punto del orden del día contempla el debate y votación del proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de vivienda que pretende dar rango de ley precisamente al decreto aprobado en verano por el Gobierno autonómico y que contempla un programa de fomento del alquiler entre las medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda.

El consejero de Fomento, Antonio Silván, explicó entonces que el objetivo de todas las medidas es dar una "respuesta global y urgente" a aquellas personas y familias "más necesitadas" de la Comunidad, por lo que, entre otras acciones, se amplia la denominación de colectivos con especial protección, se avanza en la movilización de las viviendas de titularidad pública y se da salida a la viviendas disponibles.

Además, la Junta y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes rebajarán un 20 por ciento los precios máximos de venta o alquiler de aquellas viviendas públicas

Como explicó Silván, la Comunidad cuenta actualmente con 12.471 viviendas de titularidad pública, de las que 11.332 están en venta y 1.139 en régimen de alquiler, mientras que 100 están desocupadas y destinadas a situaciones de "emergencia".

El orden del día del pleno contiene tres proposiciones no de ley (PNL) a propuesta todas ellas del PSOE para modificar el Estatuto de Autonomía para fijar un suelo de gasto público con informe de la Federación de Municipios y Provincias en lo que afecte a su ámbito competencial, mantener el programa de cribado para la prevención y detección del cáncer de mama en los tramos de edad de 45 a 69 años con la periodicidad establecida y estudiar las posibles incompatibilidades por la aplicación conjunta de las leyes estatal y autonómica sobre la reforma local.

El Pleno, que contiene las habituales preguntas de control al Ejecutivo, debatirá sendas interpelaciones sobre la organización administrativa de la Administración de la Comunidad y sobre sanidad y otras dos mociones en materia de comercio y de energía.