El Ayuntamiento de Valladolid ha rechazado este jueves una moción defendida por Izquierda Unida en la que se reclamaba la racionalización del proyecto de la Ciudad de la Justicia, que a su juicio debería adecuarse a las circunstancias actuales y reducir su presupuesto.

Durante la defensa de su propuesta, el portavoz del grupo de IU, Manuel Saravia, ha abogado por reestudiar el proyecto y reducir su presupuesto global, así como por contemplar el traslado de los juzgados de Nicolás Salmerón, con un coste anual de 800.000 euros en alquiler, al edificio de la Delegación de Hacienda, actualmente en la plaza de Madrid y que se trasladará a Villa de Prado (los funcionarios se marcharán en el segundo trimestre de 2014).

Tras recalcar su disconformidad con el modelo de ciudad que subyace bajo el proyecto, el portavoz de IU ha dudado de la "lógica" de pasar de 38 a 53 juzgados, tardar seis años en urbanizar la parcela dejando edificios "en buen estado" en la ciudad y pagar el triple del coste inicial (de 16 a 45 millones) y ha destacado que los implicados reconocen su "preocupación" por la racionalización del proyecto.

"En algún momento habrá que reconsiderar las cosas", ha defendido Saravia, para quien el presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente, ha tenido palabras de elogio por su "moral" a sabiendas de que la propuesta no sería "tomada en serio".

Puente, quien ha reconocido que tanto las circunstancias económicas como las vinculadas al grado de ocupación de "importantes" edificios públicos de Valladolid han cambiado, se ha mostrado partidario de reestudiar todo el proyecto del Campus de la Justicia de Valladolid, ciudad que ha comparado con un queso gruyere fruto de un modelo "catastrófico" de expansión y que experimentará, fruto del traslado, un "deterioro de la actividad" en la zona de San Pablo.

A su juicio, el del Campus es "otro cuento de la lechera como el del soterramiento" al que no se ha dado solución en los últimos años, extremo rechazado por la concejal de Urbanismo, Cristina Vidal, quien ha apostado por adaptarse a las circunstancias pero con la vista puesta en el futuro y no en el pasado y ha recordado que se trata de un proyecto "primordial y fundamental" para la ciudad, entre otros, por una razón de contención del gasto público, que se lograría con la unificación.

Estos proyectos "requieren muchos años" y deben hacerse con "sentido común" para que puedan resolver problemas durante muchos años, según Vidal, quien ha asegurado que la adaptación del actual edificio de Hacienda de la plaza de Madrid costaría "una millonada" y quedaría "pequeño", por lo que se busca un "modelo sostenible".

Durante la rueda de prensa que ofrece tras el pleno, el alcalde de la ciudad, Javier León de la Riva ha señalado que, del mismo modo que ya se ha hablado de la adaptación de los juzgados como cuartel en el centro de la Policía Local, el edificio de Hacienda podría destinarse a "algo para la tercera edad".

El futuro del asentamiento de puente duero

El pleno ha dado el visto bueno, asimismo, a tres de los puntos incluidos en una moción defendida por Óscar Puente y relacionada con las carencias y necesidades de los barrios del Pinar y Puente Duero, marco en el que ha abordado la situación en la que se encuentran los ciudadanos que residen en el asentamiento creado en las antiguas instalaciones de Hibramer.

Por petición expresa de la concejal Mercedes Cantalapiedra y con el acuerdo de la oposición, el tema vinculado a las once familias que viven en esa infravivienda se abordará en privado a fin de no "dar al traste" con la solución que se baraja para este problema, a punto de "ser erradicado", aunque el alcalde, en la rueda de prensa posterior al pleno, ha sentenciado que "debe desaparecer".

Finalmente, de la moción del PSOE se ha aprobado la adaptación en un plazo de un año del arenero para juegos autóctonos de la calle Real para la construcción de una pista con canastas de baloncesto y porterías de balonmano; la reclamación a la Junta del mantenimiento y conservación del carril bici a fin de favorecer la coexistencia de peatones y ciclistas y de la fumigación de orugas en el barrio y la difusión, por parte del Consistorio, de la fecha de finalización de los trabajos de urbanización del parque sobre los túneles del ferrocarril en el Pinar.

Otras peticiones como las vinculadas a necesidades de iluminación, urbanización de calles sin asfaltar, pasos de peatones o problemas con vertidos de agua han decaído con los votos en contra del grupo popular, que ha criticado la oposición "frontal" de PSOE e IU sobre el emplazamiento, en Puente Duero, de la concentración motera Pingüinos, punto rechazado por Óscar Puente, quien ha defendido el apoyo de los socialistas a este espacio, y aclarado por Saravia, quien ha precisado que su negativa se sustenta sobre la vulneración de un precepto legal.

El "cuento de la lechera" del soterramiento

Dos han sido las preguntas formuladas al final del pleno a propósito de las declaraciones realizadas el pasado lunes por la ministra de Fomento, Ana Pastor, en referencia al "cuento de la lechera" del soterramiento del tren a su paso por Valladolid y que han sido matizadas por Cristina Vidal, quien ha acusado a Manuel Saravia de interpretar las palabras de la ministra cuando dice que el proyecto no es ni "financieramente sostenible" ni claro.

Tras recalcar que, al contrario de lo que defiende IU, las cuentas de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad son públicas y se pueden consultar en el Registro Mercantil, la edil de Urbanismo ha defendido la viabilidad de la operación siempre que se supriman gastos "innecesarios" como los que ya se han recortado en la mencionada Sociedad.

Saravia había rechazado que el soterramiento se financie con plusvalías urbanísticas, cuestión sobre la que había preguntado Puente, quien reclamaba explicaciones para los ciudadanos en caso de que exista una programación "clara, razonable y sostenible" ajena al aprovechamiento por la venta de terrenos, punto en el que ha rechazado la reacción del Ayuntamiento ante las declaraciones de Pastor, que de haber sido hechas por el exministro José Blanco hubieran desatado "verdaderas barbaridades" contra el grupo socialista.

MOROSIDAD,

"dignidad laboral" y la extra

El cumplimiento, según el concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, de las exigencias legales sobre morosidad han despertado las críticas de la oposición, que ha negado que el Consistorio "pague pronto y bien" y en 31 días de media; María Sánchez, de IU, ha cifrado en 104 las facturas por valor de 1,5 millones que han excedido el periodo legal de pago de las que, por valor de 1,4 millones, llevan más de tres meses de retraso.

Por su parte Pedro Herrero ha matizado, en nombre del PSOE, que sólo en el segundo trimestre se cumplió con la ley de Morosidad, frente a lo que Alfredo Blanco ha explicado que las "escasas desviaciones", atribuidas por parte de la oposición al teatro Calderón, Institución Ferial, Museo de la Ciencia o Fundación Municipal de Deportes, han sido de "días".

Por otro lado, los tres grupos han acordado, a petición del PP, proseguir con las negociaciones iniciadas con los sindicatos para la devolución de la parte devengada de la paga Extra de 2012, lo que ha conllevado que la moción del PSOE no haya visto la luz en los términos en que fue planteada.

Asimismo, la moción de IU sobre la garantía de dignidad laboral de los trabajadores de servicios que, considerados "privatizados" por la oposición, prestan empresas contratadas ha sido sustituida por una enmienda del PP en la que el Consistorio se compromete a proteger la seguridad y salud laboral de esas empresas y la inclusión en los pliegos de contratación de nuevas cláusulas de contenido social.