La Fiscalía ha formulado denuncia contra el exalcalde de Cantoria (Almería) Pedro Llamas, al considerar que la investigación realizada por la Policía Judicial de la Guardia Civil apunta a que continúa ejerciendo de facto como regidor pese a que está cumpliendo una pena de 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público después de ser condenado por falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos.

Según recoge el decreto fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, Llamas (PP) ocupa "a diario" el despacho de la Alcaldía, "recibe a los vecinos en ese despacho" y da "órdenes a los empleados del Ayuntamiento", por lo que, a la espera de una más depurada valoración jurídica, estima que podría estar incurriendo en quebrantamiento de condena y usurpación de funciones públicas.

Las diligencias de investigación del Ministerio Público que ahora se judicializan al ser remitidas al Juzgado Decano de Huércal-Overa parten de una denuncia previa del grupo municipal del PSOE en la que se pedía la adopción de las medidas "oportunas y procedentes" ante lo que calificaban de una "burla" de Llamas "a la Justicia y los vecinos del municipio".

El citado escrito relataba algunos episodios que para los socialistas evidenciaba que el exregidor "sigue estando en el Ayuntamiento ejerciendo como alcalde y actuando como antes de que se ejecutara la sentencia" condenatoria que fue dictada por la Audiencia Provincial y ratificada por el Tribunal Supremo (TS).

Así, detallaba que la forma de actuar "en su día a día" desde que renunció a su acta de concejal en un pleno que se celebró el 3 de octubre es "presentarse a las 08,00 horas" en el almacén municipal, "donde los trabajadores se reúnen para que los encargados les distribuyan por las distintas obras que se están realizando".

En ese momento, según relataba, "Llamas llama desde su coche sin bajarse del mismo a los encargados e, incluso, a algún trabajador y les indica lo que hay que hacer. Da instrucciones oportunas, sin pudor alguno, poniendo en un compromiso y en una situación muy desagradable a empleados municipales".

En el escrito, el grupo municipal del PSOE indicaba, asimismo, que, una vez que "da las instrucciones", se suele dirigir a las oficinas del Consistorio, "abrir con su llave el despacho de la Alcaldía y sentarse en la mesa para departir con los vecinos, y con los empleados de oficinas". "Mucha gente de la calle incluso cree que no ha dejado de ser alcalde", remarcaba.

La Fiscalía Provincial encargó entonces a la Policía Judicial de la Guardia Civil que iniciase una investigación para determinar la veracidad de los hechos descritos en la denuncia y elaborase un atestado que, a la postre, ha dado lugar a la denuncia penal. En concreto, los agentes procedieron, entre otras actuaciones, a tomar testimonio a los funcionarios y el personal laboral del Ayuntamiento.

Citación como imputado

El Ministerio Público en su decreto solicita al juzgado en el que recaiga la instrucción de la causa que cite en calidad de imputado a Pedro Llamas y reciba declaración como testigos a los ediles del grupo municipal del PSOE y a "las personas que han sido interrogadas sobre los hechos por la Policía Judicial".

Tras confirmar el Supremo en junio el fallo dictado en 2012 por la Audiencia Provincial, Llamas renunció a la Alcaldía aunque mantuvo su acta de concejal para asumir como liberado la Concejalía Delegada del Área de Presidencia, Obras y Servicios, Agricultura y Pedanías por la que percibía una retribución mensual bruta de 3.568,40 euros, lo que suponía el salario anual de 49.957,60 euros que cobraba como regidor.

Argumentó entonces estar a la espera de la resolución sobre un incidente de nulidad que el Tribunal Supremo rechazó en septiembre, lo que le obligó a renunciar también a su acta de concejal.

Llamas está condenado a dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por faltar a la verdad en un escrito "con sello oficial" del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica, en el que negaba haber dado autorización para el suministro de luz y agua a una promoción de cuatro viviendas construidas en no urbanizable y por no denunciar estas edificaciones ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad.