El actual alcalde de Otura (Granada), el 'popular' Pedro Cabanillas, y su antecesor en el cargo, Ignacio Fernández-Sanz, han defendido este martes la legalidad de la operación por la que se autorizó la compra de un solar a 300.000 euros para ampliar el Ayuntamiento del municipio, asegurando que, pese a que existían tres informes técnicos desfavorables en un principio, esos "reparos" se subsanaron.

Tanto Cabanillas, concejal de Economía y Hacienda en aquel momento, como Fernández-Sanz, se han sentado este martes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, acusados de un delito de prevaricación administrativa, junto con tres ediles de la anterior corporación, del Grupo Independiente de Otura (GIO), entre ellos el que fuera su portavoz, Eduardo Anguita, dos exediles del PP, y la actual concejal María Dolores Dobaño.

La operación, que se remonta al mes de septiembre de 2007, fue aprobada siendo regidor Fernández-Sanz, que dimitió de su cargo tras la denuncia que interpuso su equipo de gobierno por supuestas irregularidades en las facturas presentadas para el pago a proveedores, y que abandonó las filas del PP incorporándose a las de 'Populares en Libertad' (PPL), de cuya presidencia dimitió recientemente por motivos personales.

La Fiscalía pide para los ocho procesados ocho años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, que comprende la privación del cargo de alcalde y de concejal, y que entre todos hagan frente a la indemnización conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Otura de 129.807,91 euros, que es el resultante de la diferencia entre el valor del mercado del solar, y el precio final de adquisición (348.000 euros). Además, el Ministerio Fiscal solicita "la nulidad" del pleno municipal del 28 de septiembre de 2007 en el que el equipo de gobierno aprobó el expediente para la adquisición del solar.

A esta últimas peticiones también se suma el PSOE, personado como acusación en el proceso, en el que eleva a diez años su solicitud de inhabilitación al exalcalde, y mantiene la de ocho para el resto.

Fernández-Sanz ha recordado que fue precisamente el PSOE el que interpuso la denuncia que ha dado lugar al procedimiento, que ha atribuido por tanto a un "tema político" alimentado además por el entonces secretario de la corporación, que redactó un informe contrario a la compra del solar, y con el que el equipo de gobierno mantenía "diferencias y discrepancias".

Ampliación "necesaria"

Según ha explicado el exregidor, en aquel momento era "necesaria" una ampliación del Ayuntamiento, que había sufrido una inundación que había dejado en condiciones precarias algunas de sus dependencias. Por eso inició conversaciones con el propietario de un solar contiguo que, en una primera reunión, le ofreció 188 metros cuadrados de suelo a 900.000 euros, lo que le pareció al alcalde una cantidad "desorbitada" que le llevó a desecharla.

Después, también negoció con una empresa que también poseía otro solar anexo, que, aunque en un principio reclamaba 420.000 euros, finalmente aceptó vender los 300 metros cuadrados de los que disponía a 300.000 euros (348.000 con impuestos), una propuesta que Fernández-Sanz consideró "razonable", y por la que se inició el proceso de adquisición.

Sobre el asunto dictaron informes tres técnicos, el arquitecto técnico municipal, que tasó el terreno en unos 188.000 euros, la interventora, que alertó de que no existía consignación presupuestaria suficiente, y el secretario, que puso en cuestión el origen de los fondos que iban a ser empleados para la adquisición que, en su opinión, debían destinarse a patrimonio municipal de suelo.

Sobre el asunto de la tasación, el alcalde ha indicado que se hizo atendiendo a una valoración "subjetiva" que no se correspondía con la realidad de entonces, cuando aún no había estallado la crisis inmobiliaria, y, en cuanto a los dos informes restantes, ha indicado que esos reparos fueron "subsanados", con lo que la operación se llevó a pleno y se aprobó con los votos del equipo de gobierno y del GIO, con el que tenía acuerdos puntuales.

"Yo no me puedo poner de acuerdo para prevaricar con otras siete personas, es absurdo", ha dicho en el Juzgado Fernández-Sanz, quien además ha recordado que ya anteriores corporaciones, formadas por PSOE e IU, se intentó comprar un solar adyacente para la ampliación de la Casa Consistorial.

El actual alcalde

El actual alcalde, entonces concejal de Economía, Pedro Cabanillas, ha explicado que esa necesidad de ampliación, que aún no se ha llevado a cabo, sigue estando vigente y que, en su opinión, las obras no se han ejecutado porque las circunstancias económicas del Ayuntamiento de Otura, como las de tantos otros municipios, cambiaron a raíz de 2008, con la crisis económica. "En todo momento y actualmente considero que se estaba actuando legalmente", ha señalado el regidor, quien además ha recordado, en cuanto a los informes de los técnicos, que estos eran preceptivos pero no vinculantes.

En la misma línea se han pronunciado el resto de los ediles o exediles imputados, que han indicado que consideraron "razonable" el precio de compra del solar y que no tuvieron nunca percepción de que estuvieran cometiendo un delito. Además, el que fuera protavoz del GIO, Eduardo Anguita, que llevaba de concejal en el Ayuntamiento desde 1986, ha reiterado que la ampliación del Ayuntamiento sigue siendo necesaria y que ya se trató con la corporación anterior al PP.

La concejal socialista Lidia Medina, que interpuso la denuncia que ha dado lugar a este proceso, ha sido la primera de los testigos llamados a declarar, y ha señalado que su grupo sí que mantenía que esa ampliación tenía que acometerse pero "sin lesionar los intereses generales de los ciudadanos" y sin "desoír los informes técnicos". De hecho, ha asegurado que los socialistas pidieron que el asunto se quedara en la mesa del pleno para estudiarlo con más detenimiento y poder subsanar los reparos técnicos.

Por su parte, el arquitecto técnico que hizo la tasación del solar a 188.000 euros ha defendido el proceso que utilizó para llegar a esa cifra, y ha explicado que hizo una comparación con ofertas que recogió de la página web de una inmobiliaria. La interventora municipal ha reconocido por su parte que el asunto de la consignación presupuestaria se subsanó cuando e equipo de gobierno aprobó una modificación del presupuesto, pero ha insistido, como hiciera en su informe, que el destino de los fondos con los que el Ayuntamiento haría frente a la compra del solar no eran los que contemplaba la normativa urbanística vigente.

El secretario, que también ha depuesto como testigo, ha negado tener animadversión al exalcalde, si bien, a preguntas de la defensa, ha reconocido que se le abrió un expediente "disciplinario injusto" y que interpuso una denuncia contra él achacándole varios delitos. Según ha indicado, el expediente para la compra del solar "se montó a toda prisa" porque, según su percepción, era algo que el entonces equipo de gobierno quería resolver cuanto antes.

Tras su declaración, el magistrado, el fiscal, la representante de la acusación popular —PSOE— y las defensas se han trasladado de edificio para oír por videoconferencia el testimonio de otros dos testigos. Después la sesión se ha aplazado hasta el próximo 11 de diciembre, cuando continuará con otras dos videoconferencias, lo que dejará el juicio visto para sentencia.