El Gobierno ha aprobado este viernes el real decreto ley que permite a la banca española contabilizar como capital principal dentro de sus balances 30.000 millones de euros en créditos fiscales (DTA, por sus siglas en inglés). Estos DTA generan un crédito fiscal a las entidades porque son gastos que han tenido un impacto en los bancos y que no se han podido deducir, de ahí que el Gobierno haya reconocido este derecho que además supone trasponer la normativa europea Basilea III, que entra en vigor en enero de 2014.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que estos 30.000 millones representan aproximadamente el 60% del total de DTA que acumula la banca en España, unos 50.000 millones. De Guindos ha querido resaltar que estos 30.000 millones de euros que la banca podrá computar como capital de máxima calidad no suponen ningún tipo de préstamo, transferencia o ayuda a los bancos, se trata de una "cuestión contable".

El ministro ha señalado que la crisis "ha tenido un origen bancario", y ha destacado que se "han hecho cosas mal" y que ha habido fallos y ha habido cuestiones que "no estaban bien reguladas". También ha indicado que el real decreto tendrá una "vida corta", pues será absorbido por el anteproyecto de ley que estará listo a finales de marzo, y ha insistido .

Las nuevas normas internacionales perjudicaban especialmente a la banca española, dado que impedían expresamente que las entidades puedan contar como capital unos 50.000 millones de euros que les adeuda el Estado; en este sentido, De Guindos ha dicho que de no haberse hecho esta modificación, la banca española hubiera permanecido en desventaja respecto de sus competidores.

En España "somos más estrictos", ha añadido, y la fuente principal de DTA son las provisiones genéricas, que han sido muy importantes en España y que no son deducibles.Los DTA son meros apuntes contables que se han generado con el paso de los años, es decir, un derecho de cobro que Hacienda reconoce y que pretende compensar en el futuro reduciendo los impuestos que cada ejercicio tienen que liquidar las entidades.

El caso más frecuente con el que la banca española ha generado activos fiscales es con las provisiones para cubrir pérdidas futuras de la cartera crediticia, pero también con las prejubilaciones y planes de pensiones de la plantilla en el momento en el que apartan el dinero que tendrán que abonar a sus empleados. Sin embargo, como no pueden apuntarse estas partidas desde un primer momento como gastos, pagan más impuestos de los que les correspondería y ello les genera un crédito fiscal que, según la legislación española, pueden recuperar en un plazo de hasta 18 años, en función del tipo de DTA —por diferencia temporal o por pérdidas—.

El Banco de España llevará a cabo al menos una vez al año un programa de supervisión de los bancos españoles que incluirá pruebas de esfuerzo, o test de estrés, según el anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros. Entre las principales novedades de la nueva norma figura la obligación de las entidades financieras a contar con un comité de retribuciones; además las remuneraciones variables del sector financiero español no podrán superar un máximo del 100 % de las remuneraciones fijas y solo  puede llegar a ser de dos veces si lo autoriza la junta de accionistas.

Estas retribuciones deberá aprobarlas el consejo de administración y tendrán que hacerse públicas, una recomendación que ya figuraba en las conclusiones del grupo de expertos sobre gobierno corporativo. Entre otros requisitos relativos a este concepto figura la incompatibilidad del presidente de la entidad para ser a la vez consejero delegado, a no ser que lo autorice el Banco de España.

Por lo que respecta a los requisitos de solvencia, algunos son obligatorios y otros son discrecionales, ha dicho De Guindos, que ha indicado que en principio se establecen unos requisitos mínimos y posteriormente se establecerán diferentes umbrales de capital "en función de las diferentes necesidades que se vayan definiendo".

El requisito de solvencia fundamental es la definición del capital de nivel I ordinario, lo que se conoce como Tier 1 o capital más reservas, que deberá ser del 4 % en 2014 y del 4,5 % en 2015, de los activos ponderados por riesgo. Asimismo, se definen requisitos de liquidez "tanto a corto como a medio plazo", entre los cuales el ministro ha destacado el de apalancamiento -relación entre deuda y fondos propios-, ya que uno de los problemas fundamentales que dio lugar a la crisis actual es que los bancos se sumieron en un "excesivo" riesgo con un nivel de endeudamiento "también excesivo".