La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha reprobado de nuevo la Ley de Servicios Mínimos que estudia el Gobierno, que según ha insistido es en realidad un ley de huelga, y ha advertido de que nadie en un estado democrático puede decir "la calle es mía".

"Eso sólo podía decirlo Franco", ha advertido en una rueda de prensa celebrada en Segovia para abordar temas de actualidad política, en la que ha estado acompañada por el diputado nacional Juan Luis Gordo, secretario general del PSOE en esta provincia.

En declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido en que en democracia sólo se puede decir "la calle es nuestra" y ha recordado que la ley de huelga es un derecho fundamental.

"La huelga no necesita ninguna ley para ser reconocida, este derecho ya existe, por lo que en una regulación legislativa posterior lo que se hace es regular los mínimos que deben garantizarse en los servicios públicos básicos cuando se ejercita el derecho constitucional de la huelga", ha subrayado la socialista, quien ha reprochado que ésta ley se anuncie precisamente después de lo vivido en Madrid por la limpieza.

La portavoz en el Congreso ha lamentado que este episodio fuera gestionado por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, la misma que trató de "reventar la huelga" y quien recientemente aseguró en un Pleno que la reforma laboral y el PP son los dos grandes avances en el desarrollo de la humanidad.

"Yo no sé cómo calificar ya sus palabras. No son comprensibles", ha opinado la socialista, quien se ha cuestionado cómo "alguien en su sano juicio" puede salir en sesión plenaria a hacer tales afirmaciones.

Rodríguez ha recordado que la Ley de Servicios Mínimos fue anunciada junto con la Ley de Seguridad Ciudadana, una normativa esta última que ha tachado de "represiva".

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno considere que las personas que no salen a la calle a manifestarse son la mayoría silenciosa que le apoya, una interpretación "burda y cobarde" de la voluntad ciudadana, y le ha vuelto a trasladar que si quiere cambiar esta mayoría silenciosa por una "mayoría silenciada" encontrará una gran oposición por parte del PSOE y seguramente de la ciudadanía.

La portavoz socialista ha expresado que esta normativa afecta a derechos fundamentales y libertades públicas que son el "corazón" de la Constitución.