El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), ha defendido este viernes en la sesión plenaria que está celebrando el Ayuntamiento la decisión de su equipo de gobierno de denunciar el convenio para la prestación del servicio de dependencia suscrito con la Junta de Andalucía, al tiempo que ha anunciado una transferencia "firmada este jueves" de 250.000 euros para la empresa encargada de gestionar la ayuda a domicilio en la capital jiennense, Multiservicios Jabalcuz.

De esta manera, en una dación de cuentas de esta decisión incluida en el orden del día del Pleno, Fernández de Moya ha insistido en defender que la denuncia del convenio de la dependencia se ha realizado "en tiempo y forma", porque debía anunciarse "con dos meses de antelación", y dado que dicho acuerdo fue suscrito el 3 de diciembre de 2007 entre el Consistorio y la Junta de Andalucía, prorrogable por periodos de un año a partir de esa fecha, debía ser "el 2 de octubre" la fecha límite para que una de las partes formulase una "denuncia expresa" del mismo, y la misiva que envió a la Administración regional para comunicar su decisión "llegó a Sevilla el 2 de octubre" tras haberla enviado el día 1, "como acredita un informe del secretario municipal".

También ha reiterado que desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales no se respondió a dicha carta "hasta el 7 de noviembre, 36 días después", y en ella la Junta se limitaba a informar, según ha sostenido, que la denuncia del convenio se había realizado "tarde".

De igual modo, el regidor ha subrayado que la Junta "va a asumir el servicio de la dependencia porque es suyo", de ahí que "no haya llevado al Ayuntamiento de Jaén a los tribunales, porque sabe que es de su competencia", al tiempo que ha anunciado la intención de su equipo de gobierno de reclamar "por vía judicial" al Gobierno andaluz su "deuda" en esta materia, que "supera el millón de euros", según lo garantizan "tres resoluciones".

En la misma línea, la concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, ha manifestado su "enorme alegría" por el hecho de que la Junta "se haga responsable y atienda a las personas dependientes" tras la denuncia del convenio, si bien ha apostillado que con eso "no está haciendo nada extraordinario, sino sólo cumpliendo con su obligación".

Además, la edil, que ha culpado al anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de "iniciar los recortes en dependencia", ha puntualizado que el Ayuntamiento está "dispuesto a seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la Ley de Dependencia, tramitando expedientes, haciendo seguimientos o prestando sus infraestructuras a las trabajadoras para que atiendan y puedan hacer sus valoraciones a los usuarios".

De esta manera, "lo único" que persigue el gobierno local con la denuncia del convenio es que "el pago del servicio lo abone la Junta directamente a la empresa que lo gestiona". "No queremos ser intermediarios de ese dinero", ha reiterado Chamorro.

El psoe defiende a la junta

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en el Consistorio, María del Mar Shaw, ha realizado un llamamiento a los beneficiarios de la dependencia para que "no tengan miedo" ante la denuncia del convenio, porque, según ha apostillado, "la política socialista no va a permitir que las personas queden por debajo del dinero" y la Junta "no las va a dejar abandonadas".

No obstante, ha remarcado que "la obligación, la competencia, la empresa y el dinero, todo lo relativo a la dependencia lo tiene el Ayuntamiento", al que ha criticado su decisión de denunciar el convenio, algo que "ninguna de 52 capitales españolas se ha planteado".

Permuta para el apa iii

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad de los tres grupos con representación —PP, PSOE e IU— la propuesta de convenio elaborada por el equipo de gobierno para la permuta de los terrenos de la

Apa iii —propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, antes EPSA), en el casco antiguo de la ciudad, y donde se prevé la construcción de un instituto de Enseñanza Secundaria (IES)—, si bien el PSOE ha insistido en señalar que la propuesta no ha llegado con el "consenso previo" de las partes implicadas, es decir, de la Junta y el Ayuntamiento.

Además, el Pleno de este viernes también ha dado 'luz verde' al nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, que ha salido adelante con el voto a favor del PP, la abstención del PSOE y el 'no' de IU. Desde el gobierno local se defiende que dicho reglamento, que sustituye al actualmente en vigor, de 1991, será "el mejor de España", mientras que desde el PSOE se ha puesto el énfasis en destacar que llega "sin consenso".