La Fiscalía de Valladolid ha recurrido el sobreseimiento de la denuncia presentada en su día contra el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, por los retrasos de las obras en el proceso de legalización del antiguo edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla, donde reside el munícipe, al considerar que existen indicios de que cometió delitos de desobediencia y prevaricación.

Si la pasada semana el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, César Gil Margareto, decretaba el sobreseimiento provisional de la causa penal pues "no resulta acreditada la concurrencia de conducta criminal y, por tanto, no resulta justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la causa", el departamento que dirige Esther Pérez vuelve ahora a la carga con un recurso de apelación ante la Audiencia vallisoletana a fin de que deje sin efecto la resolución del juez.

En su recurso, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la acusación pública recuerda la inicial sentencia de abril de 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León—ratificada en septiembre— que anuló licencias y obligaba a demoler áticos en dicho inmueble creados a partir de unos trasteros, así como, sobre todo y a causa del no cumplimiento de dicho fallo, los autos de 16 de junio de 2009 y posteriores de julio de 2010, marzo de 2011 y marzo de 2012 que ordenaron al alcalde, "bajo su directa y personal responsabilidad" y en un plazo de tres meses, ejecutar la demolición de las obras de rehabilitación y a reconstruir los elementos protegidos ilegalmente demolidos o modificados.

Actitud "contumaz,

Rebelde y obstinada"

Así, tras analizar el proceder del alcalde, el Ministerio Fiscal señala que tanto la actuación del sujeto requerido, el alcalde, como el obligado, el Ayuntamiento, denotan "la intención de desobedecer, como negativa u oposición voluntaria, tenaz, contumaz y rebelde, obstinada y recalcitrante a acatar el mandato, que revela el propósito de desconocer deliberadamente la decisión de la autoridad judicial".

De hecho, el recurso incide en que León de la Riva, tras haber sido designado como órgano responsable para el cumplimiento de la sentencia, se ausentó de las sesiones de la Junta de Gobierno Local cuando se iba a abordar la aprobación de los distintos proyectos de restitución del inmueble a la legalidad, "para no participar en el debate y votación de ese punto del orden del día".

Dicha abstención, "que no se produjo cuando se votaron los acuerdos anulados, a pesar de que el imputado estaba en trámites de adquirir una vivienda en el inmueble a que se referían aquellos, colmaría igualmente la tipicidad de desobediencia en cuanto también revela una reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo, no dando cumplimiento al mandato judicial", actuación que "excede, sin lugar a duda, del ámbito residual de la falta y debe residenciarse en el delito que sanciona el artículo 556 del Código Penal".

Pero es más, la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Ana María Valle, quien firma el recurso, advierte incluso de que en el auto del juez impugnado nada se dice el delito de prevaricación al que aludía la denuncia inicial de la Asociación Cultural Ciudad Sostenible, "pese a que tanto la pasividad a la que se ha hecho alusión como los distintos acuerdos adoptados parecen apuntar una actuación arbitraria de la administración, proscrita en los artículos 9.1 y 103 de la Constitución Española".

En su día, el día 7 de noviembre de 2012, el alcalde declaró en sede judicial en calidad de imputado para atribuir a cuestiones técnicas, derivadas de la falta de una "documentación fiable", la dificultad de atender la exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de restituir la legalidad en el edificio de la Plaza de Zorrilla, en el que se autorizó un exceso de edificabilidad y donde, casualmente, el munícipe, cuenta con una vivienda.

De este modo, León de la Riva mantuvo que "la voluntad del alcalde ha sido siempre la de cumplir la sentencia, y así lo ha hecho decreto tras decreto", en alusión a los distintos proyectos de restitución anulados sucesivamente por el TSJCyL debido a los problemas a los que se enfrentan los técnicos municipales a la hora de saber cuál es el edificio original.

Y es que, según precisó entonces, el edificio, que es de 1950, fue declarado protegido en 1997, si bien cuando se protegió no se sabía a ciencia exacta si tal protección afectaba al inmueble original o a las múltiples modificaciones realizadas en los últimos cuarenta años.