La Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dado luz verde este jueves al sometimiento a información pública del avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, entre sus novedades, permitirá cambiar el uso mediante una licencia directa, dejando atrás meses de procedimiento administrativo, al tiempo que se abrirá, a petición de los interesados, a un replanteamiento de los nuevos desarrollos.

De este modo, en el suelo urbano consolidado se podrá modificar el uso actual de las parcelas por cualquier otro de los permisos y sólo con una licencia directa. Por ejemplo, un edificio de viviendas podrá convertirse en uno de oficinas, o a la inversa. La delegada de Urbanismo, Paz González, ha destacado que no debe entenderse esta flexibilidad como una desregulación indiscriminada o la caída en "la ley de la selva", dado que el modelo exige la realización de determinadas evaluaciones de impacto cuando la actividad a realizar lo requiera.

La delegada también ha explicado que es en este periodo de alegaciones cuando los interesados en los nuevos desarrollos, en referencia a los del sureste, podrán presentar un "replanteamiento" porque al Ayuntamiento tampoco le interesa que ese suelo "esté apalancado durante los próximos 30 años".

El avance define además una clase de uso, denominada equipamiento social, que engloba las clases de dotaciones deportivas, equipamiento, servicios de la administración pública y demás usos de interés social. Serán las Juntas de Distrito las que determinen qué dotaciones son las que se necesitan en función de cada momento.

Otro de los ejes del avance es el hincapié que hace en la rehabilitación. Dependiendo de la situación, el Plan propone tres tipos de actuación: en aquellos considerados ineficientes se plantea la rehabilitación aislada de edificios; en los obsoletos se proponen planes de regeneración urbana; y en los vulnerables, planes de renovación urbana integrada.

Esta apuesta por la rehabilitación se concreta en la incorporación de una normativa específica para la recuperación urbana, que será desarrollada a través de una ordenanza específica, y la simplificación y clarificación, tanto del régimen de obras como de la implantación de usos, en los edificios catalogados, de forma que quien se enfrente a una intervención en el patrimonio protegido pueda conocer previamente las obras permitidas, las prohibidas y las compatibles. El objetivo es conseguir mayor seguridad jurídica.

También se hace un guiño a la 'naturalización urbana', incorporando la conformación de una Red de Naturaleza o Red Ambiental. De ella destaca la creación de una red de corredores o ejes urbano-ambientales que dará continuidad a los espacios verdes de la ciudad. "Se trata de un sistema de paseos con gran calidad  paisajística que prioriza al peatón y al transporte público, conformándose como una red ecológica y de interconexión de los parques urbanos", ha explicado Botella.

Asimismo se crea expresamente la figura de Área Estancial en la clasificación urbanística, estableciendo que cualquier actuación sobre ella deberá ser compatible con el desarrollo de su función prioritaria para la estancia y la movilidad peatonal.