El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía como acusación particular en la causa abierta contra la empresa Marketing Finance & Profesional Contact Center (MKF), investigada por el supuesto uso de discapacitados para el cobro fraudulento de subvenciones de la Administración Autonómica.

El magistrado Basilio García Melián ya rechazó que la Junta fuera parte en el proceso, del que hay abierta una pieza separada, porque entendía que si la Consejería de Empleo en su día informó de que no había otorgado ayuda pública alguna a la sociedad no podía "pretenderse" que se le reconociera una condición procesal "cuya base legitimadora niega la supuesta perjudicada", esto es, "que no ha sufrido daño patrimonial alguno", según constaba en el auto, de fecha 2 de octubre de 2012.

Sin embargo, la Administración Autonómica recurrió la resolución ante la Audiencia Provincial de Granada, que sí que aceptó su personación, que ahora asume en consonancia el Juzgado de Instrucción número 1, según consta en una providencia, de fecha 28 de octubre de 2013, a la que ha tenido acceso Europa Press.

El juez archivó parcialmente la causa en cuanto al delito de subvenciones públicas investigado inicialmente en la provincia de Granada precisamente después de que la Consejería de Empleo informara al Juzgado de que MKF "no ha recibido en sus oficinas en Granada ninguna cantidad en concepto de subvención o incentivo a la contratación con carácter indefinido en los años 2008, 2009 y 2010".

Sin embargo, las partes personadas recurrieron el sobreseimiento provisional, del que ahora tiene que pronunciarse también la Audiencia de Granada, con lo que la investigación no está oficialmente cerrada.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el Juzgado de Instrucción 1, que sí ha archivado ya las diligencias abiertas contra la empresa por un posible delito contra el derecho de los trabajadores, resolvió además remitir el caso a los juzgados decanos de Málaga, Sevilla y Jaén "por la existencia de indicios de delitos de defraudación de subvenciones públicas en cada una de dichas capitales, en relación a las otorgadas en los años 2008, 2009 y 2010 a la sociedad".

De hecho, en un informe elaborado por la Consejería de Empleo al respecto y aportado a la investigación judicial, al que tuvo acceso Europa Press, la Administración Autonómica concreta que en esos tres años se concedieron a la empresa un total de 1,38 millones de euros en ayudas en las provincias de Jaén y Sevilla (680.044,20 euros en 2008, 627.634,13 en 2009 y 76.563,35 en 2010).

En otro documento, la Junta de Andalucía señalaba que, una vez que constató que la plantilla tenía una "significativa inestabilidad" pese que la empresa percibió subvenciones para la creación de puestos de trabajo estables para personas con discapacidad, y después de que MKF cerrara sus centros de trabajo, el 16 de septiembre de 2011 se iniciaron los trámites para que reintegrase las ayudas recibidas.

Además, indicaba que el 14 de junio de 2011 la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada incoó contra la empresa cuatro actas de infracción, dos graves, por obstrucción a la labor inspectora (626 euros) y en materia de prevención de riesgos laborales (2.046 euros), y otras dos muy graves, por impago de salarios a los trabajadores (15.000 euros), e impago del subisidio por incapacidad laboral transitoria (626 euros).

Ya el 9 de septiembre de 2011, se procedió también a iniciar el expediente de descalificación y cancelación resgistral de la entidad como centro especial de empleo, expediente que está en fase de tramitación, según consta en el escrito elaborado por el Departamento de Ayudas a la Contratación, de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Programas para el Empleo.

El comienzo de la investigación

Fue la Fiscalía Superior de Andalucía la que incoó diligencias el 6 de junio del de 2011, tras lo que el Juzgado de Granada inició la investigación al recibir un decreto en el que el Ministerio Público consideraba que MKF podría haber incurrido, cuando menos indiciariamente, en "graves irregularidades".

De hecho, y después de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía, el fiscal superior, Jesús García Calderón, concluía que los hechos, denunciados en su día por el sindicato de CCOO y un conjunto de trabajadores de la empresa, podrían ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, o de falsedad en documento público, según constaba en el decreto al que en su día tuvo acceso Europa Press.

La Fiscalía acordó entonces remitir lo investigado por la Policía Judicial, a través de la Fiscalía Provincial de Granada, al Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, así como a las Fiscalías Provinciales de Jaén y Málaga "para su conocimiento y a los efectos oportunos".

Según el informe policial realizado, la mayoría de las contrataciones de la sociedad, siempre bonificadas como incentivos a la contratación de personas con discapacidad, tuvieron una duración de poco más de una semana y, en cualquier caso, "sin superar los cuatro meses de duración contractual establecido como periodo de prueba".

Estas contrataciones "han supuesto un notable incremento económico para la beneficiaria de las subvenciones", que, "en ningún caso y de manera intencionada", ha vinculado su percepción con la continuidad temporal del empleo con la integración laboral de las personas discapacitadas que fueron contratadas e incluso con la viabilidad económica de la empresa.

El número de trabajadores con discapacidad que fueron afectados por estas situaciones de contratación bonificada es de un total de 307 entre las tres provincias, y la cantidad total percibida por MKF de la Junta de Andalucía asciende a 1.384.241,68 euros, correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

El cobro de estas cantidades ha supuesto por la empresa el "reiterado y continuo incumplimiento" de la legislación aplicable por la concesión de incentivos a los centros especiales de empleo para la contratación de personas con discapacidad y, en ese sentido, la Fiscalía recordaba que la Consejería de Empleo debe tener el "suficiente control y seguimiento de estas contrataciones subvencionadas para reclamar el cumplimiento de sus fines o interesar el oportuno reintegro de las cantidades percibidas".