El Gobierno está "muy satisfecho" con las conclusiones de la Comisión Europea (CE) que indican que España no infringió las normas de la UE al endurecer desde el verano los controles en la Verja de Gibraltar tras el conflicto con las autoridades del Peñón por el lanzamiento de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras.

Es más, considera un "espaldarazo" a sus tesis el dictamen emitido por el Ejecutivo comunitario tras la misión de expertos que envió a Gibraltar el pasado 25 de septiembre a petición del primer ministro británico, David Cameron, que consideraba esos controles políticamente motivados y desproporcionados, indican fuentes diplomáticas a Europa Press.

Tras las conclusiones de Bruselas, el Gobierno se siente "amparado" para seguir reclamando diálogo a Reino Unido para intentar resolver problemas específicos que surgen con las autoridades gibraltareñas, sin que la solución que eventualmente se alcance afecte a las posiciones que los dos países mantienen inamovibles en la cuestión de fondo de la soberanía, añaden las mismas fuentes.

Independientemente de que España seguirá exigiendo la vuelta a las conversaciones bilaterales con Reino Unido sobre la soberanía —a las que Londres se opone— el Gobierno de Mariano Rajoy ve necesario acordar un nuevo mecanismo de diálogo que permita abordar problemas específicos con Gibraltar, como los obstáculos del Peñón a que los pescadores gaditanos faenen en las aguas que rodean la Roca o la manera de preservar el medio ambiente en zonas marítimas que se disputan ambos países.

El Ejecutivo del PP no tiene problema en que en esos encuentros para abordar problemas específicos —y en los que nunca se hablaría de soberanía— participe Gibraltar, siempre y cuando se permita entonces la participación de la Junta de Andalucía o de los representantes del Campo de Gibraltar con competencias sobre el tema que se vaya a tratar.

A lo que se opone frontalmente el Gobierno español es a regresar a un esquema como el del Foro Tripartito, que concedía a Gibraltar un estatus similar al de los países soberanos como España y Reino Unido.

Madrid y Londres llevan meses negociando la celebración de unas reuniones ad hoc para poder abordar estos conflictos en materia de pesca y medio ambiente y, en principio, llegaron a estar de acuerdo en que incluso la Comisión Europea participase en esas reuniones como mediadora.

En el departamento que dirige José Manuel García-Margallo esperan que el dictamen de la Comisión sobre los controles en la Verja sirva de revulsivo para desatascar la negociación de estos encuentros ad hoc.

Por el momento, Londres ha reaccionado molesto al dictamen de la Comisión, insistiendo en está "seguro" de que España está infringiendo la legislación europea al imponer controles "políticamente motivados" en la frontera con Gibraltar.