El Cuerpo Nacional de Policía cree que es previsible que se produzca un "aumento" de la prostitución en prostíbulos privados, instalados en domicilios particulares, como consecuencia de la entrada en vigor, este sábado pasado, de la Ordenanza del Ayuntamiento de Murcia, que contempla sanciones de hasta 3.000 euros.

Según ha explicado a Europa Press el inspector jefe de la Policía Nacional en Murcia, Javier de Pedro, se detecta "un descenso de la presencia de mujeres que se prostituyen en clubes de alterne", pero destaca que "ha aumentado la prostitución ejercida en domicilios particulares".

Para ello, desde dicho Cuerpo se realiza un control de esta actividad delictiva en torno a la prostitución, así como la investigación de las organizaciones criminales dedicadas a la trata de seres humanos y a la explotación sexual de mujeres.

De hecho, recientemente se han realizado varias operaciones en domicilios particulares en los que se ha detectado la comisión de delitos relativos a la prostitución (explotación coactiva y lucrativa).

Asimismo, durante este año se ha elaborado un censo actualizado de clubes de alterne en la Región y habitualmente se realizan en los mismos intervenciones coordinadas con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La labor que se realiza desde la Policía cuando encuentran a mujeres ejerciendo la prostitución, dentro de una red de trata de blancas consiste en prestar tratamiento, asistencial y humanitario.

Para ello, el personal especializado de las Unidades contra las Redes de Inmigración se entrevista de manera reservada con las víctimas y se pone en marcha el protocolo de actuación previsto para estos casos, que consiste en la prestación de asistencia psicológica, jurídica y propiamente asistencial. En el caso de las mujeres extranjeras, existe la posibilidad de tramitar el permiso de residencia por circunstancias excepcionales.

No existe un perfil único de mujeres a las que se les obliga ejercer esta actividad y en cuanto a las extranjeras, suelen ser de procedencia subsahariana, del este de Europa o sudamericana, sin arraigo en España y sin cualificación laboral, entre 20 y 35 años de edad, normalmente víctimas de un engaño previo en el momento de su captación y de un aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad posteriormente.

En cuanto al perfil del proxeneta, es el de un varón de entre 40 y 60 años, de nacionalidades diversas. También suelen aparecer mujeres que controlan directamente la actividad.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que por la situación geográfica que ocupa la Región "nos encontramos en una zona activa en este tipo de actividad, en la zona levantina existen algunos de los prostíbulos más grandes de España", ha puntualizado.

Durante este año no se ha procedido al cierre de ningún club de alterne aunque se ha conseguido el cese de la actividad en prostíbulos privados, y se han practicado detenciones por trata de personas en varios clubes de alterne de la Región.

Las penas que contempla el Código Penal en cuanto a los delitos de prostitución y trata de seres humanos oscilan entre los dos a cuatro años de cárcel y multa de 12 a 24 meses. En el caso de ser menor o incapaz, se impondrá al responsable la pena de prisión de cuatro a seis años.