El Partido Popular defenderá el próximo jueves una proposición no de Ley en el Pleno del Parlamento en la que emplaza a la Junta a asumir el "compromiso firme de compensar en el futuro a los empleados públicos andaluces la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por los recortes salariales aplicados en 2012 y 2013, en el ejercicio de sus competencias".

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A solicita en primer lugar que la Cámara autonómica manifieste su "rechazo a cualquier ampliación del ámbito temporal" de las medidas aprobadas por la Junta en 2012 "en relación a los recortes aplicados a las retribuciones de los empleados públicos andaluces" e insta al Ejecutivo andaluz a "adoptar todas las medidas oportunas para evitar la merma de ingresos que supondría la prórroga de dichas medidas".

Junto a ello, los 'populares' urgen a la Junta a acometer una "verdadera racionalización del sector público andaluz" que persiga una "efectiva reordenación, modernización, simplificación y eficiencia que contribuya a optimizar el gasto y a reducir el déficit público, eliminando duplicidades y estructuras paralelas ineficientes y reconduciendo la práctica de creación de una administración 'paralela', opaca y poco eficiente, en detrimento de la propia administración".

"disminución considerable del personal de alta dirección"

En este sentido, el PP-A plantea medidas como "la reordenación del elevado número de entes del sector público andaluz mediante procesos de transformación, absorción, fusión o extinción, así como una efectiva racionalización de sedes administrativas centrales y periféricas", junto a una "disminución considerable del personal de alta dirección y de los responsables territoriales de las entidades instrumentales de la Junta".

En la misma línea, el Grupo Popular reclama la "adecuación del régimen económico de las personas que ejercen funciones de alta dirección y del resto del personal directivo de las entidades del sector público a lo establecido en el punto segundo del acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2012", que establece que no pueden superar el sueldo de la presidenta de la Junta, "sin excepciones" como las ahora vigentes para los directivos de la RTVA.

En opinión del PP-A, "la Junta penaliza a la función pública y hace recaer de nuevo sobre los empleados públicos gran parte del peso de la necesidad de equilibrar las cuentas andaluzas por su inadecuada política de gestión del gasto público y el sistemático incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaría desde 2009, así como por su negativa e incapacidad para acometer verdaderas reformas que contribuyan a hacer más eficiente y eficaz la administración andaluza e impulsen el proceso de reactivación de la economía y la creación de empleo".

"no existe norma básica estatal que lo contemple"

Especialmente crítico se muestra con que "más de 260.000 empleados públicos andaluces vean por tercer año consecutivo recortados sus salarios por la decisión del Gobierno andaluz de prorrogar para 2014 todos los recortes en materia de retribuciones" aprobados en 2012, "pese a que los empleados públicos en la Administración General del Estado y los de la gran mayoría de las comunidades autónomas no sufrirán nuevos recortes, no existiendo, una vez más, norma básica estatal que así lo contemple".

A este respecto, recuerda que, "además de continuar estableciendo un ámbito temporal de aplicación de recortes salariales superior al de la casi totalidad de comunidades, el Gobierno andaluz tampoco ha establecido ningún tipo de compensación futura para los empleados públicos andaluces, compensación que sí ha contemplado expresamente el Gobierno de la Nación para los empleados de la Administración General del Estado, así como otras comunidades autónomas".

Finalmente, el Grupo Popular critica que, "mientras que se vienen aplicando importantes y consecutivos recortes a la función pública, el Gobierno andaluz sigue sin abordar de forma decidida y adecuada la reestructuración y el saneamiento del desmesurado sector público y sin acometer una necesaria reducción de gastos en el que incurre mediante, entre otros, la reducción efectiva de gastos de estructura, a través de la minoración de puestos directivos y de responsables de la sobredimensionada estructura territorial y la limitación de retribuciones, así como de la racionalización de sedes, entre otras medidas".