Mientras la campaña contra la despenalización del aborto en Portugal entra en su segundo día, comienzan a florecer los sondeos que intentan medir la opinión de los portugueses sobre este controvertido tema.

El último, del Diario de Noticias, indica que el 77% de los portugueses está en contra de que las mujeres sean juzgadas en los tribunales por practicar el aborto, en el caso de que gane el "no" a la despenalización en el referéndum del próximo 11 de febrero.

Sólo un 14% se inclinaría por juzgar a las personas que optasen por abortar, mientras el 9 % restante dijo no tener una opinión formada sobre el asunto.

La encuesta, elaborada por la consultora Marktest, destaca que el 66% de los portugueses piensa que los abortos deben realizarse en hospitales o centros de la Seguridad Social, frente a un 25 % que cree que el Estado no debe financiar esa práctica.

Se debe revisar el código deontológico

El 63% de los preguntados opinó que el código deontológico de los médicos, que prohíbe la práctica del aborto, debe ser revisado de manera que la opción de llevarlo a cabo recaiga en cada profesional de forma particular.

El 24% se mostró a favor de mantener el código deontológico vigente y el 13% restante no contestó.

El sondeo publicado hoy sigue a otro dado a conocer ayer que mostró que el 54% de los portugueses votará a favor de la despenalización del aborto el próximo 11 de febrero, 7 puntos por debajo de las estimaciones reflejadas hace dos meses.

El pasado 29 de noviembre, el presidente de Portugal, el conservador Aníbal Cavaco Silva, optó por aceptar la celebración de un segundo referéndum sobre despenalización del aborto, promovido por el Gobierno socialista, después de que en 1998 en otra consulta similar ganara el "no" por un pequeño margen.

La actual normativa portuguesa sobre interrupción del embarazo, de 1984, impone penas de hasta tres años a la mujer que se someta a un aborto ilegal y de dos a ocho años al médico que lo practique, pero admite la interrupción voluntaria de la gestación en las primeras doce semanas en caso de violación o si hay riesgo para la vida o la salud de la madre.

En el referéndum de febrero se preguntará al electorado si acepta la despenalización del aborto por opción de la mujer en las primeras 10 semanas de embarazo y en centros de salud autorizados.