El PP-A ha anunciado que este mismo jueves ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014 y asegura que llegará "adonde haga falta por defender la transparencia y la legalidad" de las cuentas autonómicas.

Así se ha pronunciado en Motril (Granada), la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, que ha clausurado un acto informativo sobre el decreto del litoral aprobado por el Gobierno andaluz.

Martínez ha criticado que "mientras el bipartito en Andalucía acusa de los recortes al Gobierno de Rajoy", en el presupuesto andaluz "faltan los más de 1.500 millones de euros defraudados por una trama criminal organizada que es como lo ha calificado la justicia", refiriéndose a la trama de los ERE.

En su opinión, se trata de una "trama" "en la que hay muchos actores pero que está presidida por el PSOE, el Gobierno andaluz y los sindicatos". "Nosotros seguiremos denunciando y pidiendo responsabilidades por este asunto de los ERES porque falta este dinero en el presupuesto de los andaluces", ha sostenido.

Sobre este asunto, la enmienda a la totalidad presentada ante la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento, consultada por Europa Press, lamenta que el Proyecto de Ley de Presupuestos no regule, como indicó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "la fiscalización previa y el control exhaustivo de las transferencias de financiación que tantas irregularidades e ilegalidades han provocado".

Tras criticar, por tanto, que este texto sólo contenga "la previsión de hacerlo", el escrito de los 'populares' andaluces hace hincapié en la "reiterada falta de transparencia" del texto presupuestario, que "vuelve a presentarse sin la provincialización de las inversiones". "El interés del Ejecutivo en no manifestar a las claras sus compromisos inversores en cada una de las provincias de Andalucía demuestra una vez más que su discurso sobre la transparencia es falaz, además de contravenir la Ley de Hacienda Pública y el Estatuto de Autonomía para Andalucía", especifica.

El resto de argumentos utilizados por el PP-A en la enmienda, se centra en denunciar que, "un año más, los objetivos políticos, económicos, sociales y financieros no encuentran respaldo presupuestario adecuado y estable", mostrándose así "insensible a los problemas de los andaluces", ya que "no actúa, no decide y no reforma lo que tan mal funciona".

"Este Proyecto de Ley de Presupuestos para 2014 no se enmarca en una estrategia que permita a Andalucía salir de la crisis al mismo tiempo que el resto de España, ni superar las gravísimas carencias sociales causadas por los Gobiernos andaluces. La ausencia de un proyecto de reformas en Andalucía que priorice la competitividad y que tenga como meta alcanzar la eficiencia en los servicios públicos lastran la recuperación económica y la creación de empleo en nuestra tierra. Los presupuestos de la resistencia aprobados en 2013 se han convertido en los presupuestos de la desesperanza para 2014", argumenta el PP-A para enmendar las cuentas andaluzas.

En esta misma línea, señala que se trata de un presupuesto concebido "para mantener la estructura política" de la Junta —ya que la Administración paralela "nos costará a los andaluces como mínimo 2.917 millones—, que "renuncia a las inversiones productivas", se "empeña en seguir aplicando políticas económicas y presupuestarias erróneas e inadecuadas" y sigue "sin plasmar las reformas estructuras necesarias para salir de la crisis e iniciar la senda de la recuperación económica y la creación de empleo".

Y todo ello, según apostillan los 'populares', generando "desconfianza" en los posibles inversores con "anuncios como la imposición de tributos a las grandes superficies, la expropiación de viviendas, la creación de un banco público de tierras o la peregrina idea de crear un banca pública andaluza", noticias todas ellas que hay que unir "al sistemático incumplimiento de los compromisos de pago de la administración andaluza para con sus proveedores y prestatarios de servicios públicos".