La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, la Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y la concejal delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco, han inaugurado este jueves en Sevilla una jornada para presentar las medidas de coordinación para las intervenciones legales a favor de personas con discapacidad mental.

La intención de este encuentro es doble: propiciar la difusión de la Guía de Intervención entre los profesionales protagonistas; y, por otro lado, aprovechar de manera directa las aportaciones de los colectivos sociales implicados en las políticas de atención a estos colectivos para mejorar y extender estas técnicas

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la Jornada, Sánchez Rubio ha puesto en valor el "esfuerzo" hecho entre las distintas instituciones, que "da muestra de la necesidad que hay de colaboración entre las instituciones en estas situaciones", toda vez que ha recordado que la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad "establece una forma diferente de afrontar la parte que tiene que ver con la capacidad de obrar de una persona que tiene una discapacidad intelectual".

Así, la consejera insiste en que "lo importante es que cuando se aborde esta incapacitación se haga desde las capacidades de las personas, que es lo que aporta como novedad la Convención", es decir, "la diferencia del antes al después es que las capacidades de las personas se ponen de manifiesto, no solo las incapacidades, y, por lo tanto, se busca, cuando se tiene que incapacitar, hacerlo en aquello que la persona no puede realizar y necesita un apoyo y un acompañamiento", añade. Además, Sánchez Rubio ha anunciado que esta experiencia "se va a llevar a todas las provincias".

En este sentido, Segarra ha afirmado que "se acoge con inusitado interés" su extensión a otras provincias, porque "entendemos que otros profesionales se pueden beneficiar del trabajo que se ha hecho aquí". Además, ha explicado que la Fiscalía tiene como funciones, entre otras, "la de asistir a las personas que tienen algún punto de desvalimiento, en este caso, alguno de carácter psíquico que le impide el ejercicio completo de sus derechos".

Igualmente, ha subrayado que la presentación de la guía "es simplemente la visibilización de todo un trabajo de coordinación", de una mesa de trabajo en la que "todos los componentes hemos aportado nuestro interés en que los derechos de los ciudadanos que tienen estos problemas se vieran lo mejor ayudados por las instituciones públicas".

Maeztu ha apuntado que "se ha ido cambiando la tendencia de la consideración del discapaz como enfermo al discapaz como persona, como sujeto de derecho", una perspectiva que "se ha trabajado muy bien". Asimismo, ha agradecido el trabajo interdisciplinar de todas las instituciones, la Junta de Andalucía, el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, y la Fiscalía, toda vez que ha destacado que se va a presentar una propuesta de un esfuerzo "ímprobo".

Por último, De Pablos-Blanco ha mostrado su agradecimiento a todos los técnicos que han participado de forma "tan profesional", en la que se demuestra que entre las administraciones "existe compromiso y coordinación". Del mismo modo, ha manifestado que los servicios sociales comunitarios "tienen una situación delicada como consecuencia de la crisis, y poder implementar cuando llega ese discapacitado, esa familia, tener recursos y disponer de una forma eficaz, es clave de éxito".