Matas recurre para no cumplir nueve meses de cárcel y alega que los hechos no son tan graves

El expresidente del Govern Jaume Matas ha recurrido en súplica, este lunes, el auto por el que la Audiencia Provincial de Baleares ha denegado suspender la pena de nueve meses de prisión que pesan sobre él en el marco de una de las piezas del caso Palma Arena. En su impugnación, el exmandatario alega que los hechos por los que el Tribunal Supremo (TS) le rebajó la condena no son tan graves como para ingresar en la cárcel.
Antonio Alemay Y Jaume Matas
Antonio Alemay Y Jaume Matas
EUROPA PRESS
Antonio Alemay Y Jaume Matas

El expresidente del Govern Jaume Matas ha recurrido en súplica, este lunes, el auto por el que la Audiencia Provincial de Baleares ha denegado suspender la pena de nueve meses de prisión que pesan sobre él en el marco de una de las piezas del caso Palma Arena. En su impugnación, el exmandatario alega que los hechos por los que el Tribunal Supremo (TS) le rebajó la condena no son tan graves como para ingresar en la cárcel.

En su recurso, la abogada Pilar Gómez Pavón, que ya asistió al exministro durante la tramitación del recurso de casación que éste interpuso ante el TS contra su condena de seis años de prisión, posteriormente rebajada a los nueve meses, combate los argumentos expuestos por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia, que apuntaba a la "peligrosidad criminal" de Matas "entendida como la derivada de la gravedad, naturaleza y entidad de los hechos por los que fue condenado".

En este sentido, la letrada arguye que si por el delito de tráfico de influencias el Alto Tribunal condenó a su patrocinado a nueve meses, cuando este tipo penal contempla una pena de entre seis meses y dos años de prisión, será porque el tribunal no vio tan graves los hechos, según ha apuntado la abogada en declaraciones a Europa Press.

Y es que, después de que el TS rebajase la condena que pesaba sobre Matas por los beneficios económicos que de forma irregular obtuvo el redactor de sus discursos, Antonio Alemany, los magistrados recuerdan que aún así pesa sobre el expresidente un delito contra la Administración pública y "de corrupción o distorsión del buen funcionamiento que debe presidir la Administración".

"Que se produzca un abuso de poder para beneficiar a un particular es una conducta delictiva grave y, en mayor medida, si es directamente cometido por la máxima autoridad de la Comunidad Autónoma", recalca el tribunal, aseverando que los hechos llevados a cabo por el condenado "revelan una conducta delictiva gravemente antisocial, prevaliéndose de su alto cargo público".

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