El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) quiere crear en Cantabria una fundación de apoyos a los derechos y capacidades jurídicas de las personas con discapacidad a través de "alianzas" con instituciones y colectivos profesionales.

Así lo ha anunciado este lunes en la inauguración de una jornada sobre tutela y capacidad jurídica de la persona con discapacidad el presidente de Cermi, Roberto Álvarez, quien ha explicado que a lo largo de los próximos meses se va a trabajar en "definir" las "alianzas" y "estrategias de trabajo" con estas instituciones y colectivos profesionales y ha confiado en tener en marcha el proyecto en un año.

Según ha explicado, lo primero es definir esa "red de apoyos" a los derechos y capacidad jurídica de las personas con discapacidad y desarrollar un "instruimento" que la gestione para que luego "evolucione" hacia esa fundación.

Álvarez ha señalado que el objetivo de este proyecto que va a poner en marcha Cermi busca "identificar" aquellas situaciones en la que hay vulneración de derechos de las personas con discapacidad para poder crear "instrumentos prácticos" que les ayuden a tomar las decisiones y les permitan afrontar esas circunstancias.

Se busca que desde esta fundación se dé apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, para lo que ha insistido en que es "clave" que exista ese "acuerdo" con las instituciones y colegios profesionales.

Álvarez ha puesto como "modelo" de lo que quieren crear es la Fundación Tutelar Cantabria, una entidad privada sin ánimo de lucro de carácter asistencial al servicio de las personas con discapacidad intelectual de Cantabria.

El objetivo es "evolucionar hacia un modelo" que sea "mucho más operativos y eficaces" y obtener "más resultados".

Se quiere, a través de esta fundación, "incidir en la persona de manera más positiva", "generarle oportunidades", "dignidad" y "más autonomía personal".

Adaptación de la convención de la onu a la normativa autonómica

En la inauguración de la jornada en el Palacio de la Magdalena han estado representadas, entre otras instituciones, el Gobierno de Cantabria, con su presidente Ignacio Diego; el Ayuntamiento de Santander, con el concejal de Autonomía Personal, Roberto del Pozo, o el Parlamento de Cantabria, como su máximo dirigente, José Antonio Cagigas.

Éste ha anunciado la próxima constitución de un grupo de trabajo de técnicos que asesorará a la Comisión Permanente de de Discapacidad del Parlamento de Cantabria sobre cómo adaptar al marco normativo de la comunidad autónoma la Convención de la ONU de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, algo que, según ha reconocido es un asunto de "especial complejidad técnica y jurídica".

En relación a esta tarea, en la que hasta ahora no se había avanzado, Cagigas ha confiado en poder dar en "no mucho tiempo pasos significativos".

Por su parte, el presidente de Cantabria ha considerado que esta defensa de los derechos y capacidades jurídicas de las personas con discapacidad y la adaptación a la normativa de la comunidad autónoma es una "inquietud justa" a la que "todos" los organismos competentes tienen que sumarse.

Además, en cuanto a la trasposición de la Convención de la ONU, ha esperado que se consiga "acertar" con una "norma clara", "fácil de aplicar", "útil" a la discapacidad y que "genere expectativas" que se puedan cumplir.

"Lo otro sería añadir problemas a los problemas", ha dicho Diego, quien, en posteriores declaraciones, ha defendido que el Gobierno regional que preside está "comprometido" y "cercano" a los discapacitados y a las personas que trabajan por ellos y ha asegurado que va a "seguir teniendo" contacto con todos ellos.

También ha estado representado el poder judicial a través de las asistencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa. Además, ha participado también la fiscal superior de la comunidad autónoma, María Teresa Calvo.

Tolosa ha señalado que desde el TSJC se va a trabajar con Cermi en la detección de las "vulneraciones" de la igualdad de acceso de las personas con discapacidad para poder las medidas que las atajen.

"Cermi nos ha hecho una llamada y pueden estar seguros de que va a obtener respuesta", ha afirmado el presidente del TSJC.

En cuanto a la Convención de la ONU y a su adaptación a las distintas normativas, Tolosa ha reconocido que, en ocasiones, se crear documentos jurídicos "hermosos" y "grandilocuentes" que, a la hora de materializarlos, resultan un "absoluto fracaso".

En línea con lo que establece la Convención, Calvo ha considerado "especialmente relevantes" las revisiones de las normativas legislativas vigentes sobre los derechos y las capacidades jurídicas de personas con discapacidad.

En este sentido, ha reclamado que éstas se lleven a cabo con la participación de las personas con discapacidad.

Calvo ha defendido el carácter "revisable" de las resoluciones judiciales sobre la tutela y capacitación de las personas con discapacidad.

Además, en la inauguración ha habido representantes de la Universidad de Cantabria, del Colegio Notarial y de la Fundación AEquitas, creada por el Consejo General del Notariado para canalizar las aportaciones que puede realizar el Notariado en relación con la discapacidad y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran numerosas personas.

Esta jornada, organizada por la Fundación Tutelar Cantabria, la Fundación Æquitas y Cermi Cantabria, busca ser un marco de reflexión sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y los mecanismos de acceso a la justicia con los que cuenta actualmente este colectivo.