La Policía Nacional ha desarticulado una organización que presuntamente explotó sexualmente a más de 200 mujeres rumanas desde 2002 en carreteras y clubes de Manresa y Tarrasa, en la provincia de Barcelona, y ha detenido a una decena de personas.

Según el informe de la policía, las mujeres eran captadas en su país, aprovechando su situación de necesidad, y traídas a España donde se les obligaba a prostituirse para pagar la deuda contraída con el viaje ilegal. Entre las jóvenes hay cuatro menores de edad y una mujer con discapacidad psíquica.

La colaboración con la Policía rumana ha permitido la identificación completa de los 18 miembros del grupo, así como de otras víctimas de la misma organización.

Hasta el momento nueve personas han sido detenidas en la provincia de Barcelona como presuntos responsables de los delitos de trata de seres humanos, una mujer ha sido imputada y el resto está pendiente de detención.

Los supuestos proxenetas, según relata la Policía en una nota, eran ciudadanos rumanos, españoles y marroquíes y entre sus víctimas había una mujer con discapacidad psíquica y menores de edad.

Una de las víctimas, captada cuando aún era menor de edad, acabó suicidándose el pasado mes de septiembre al arrojarse al vacío desde un puente.

Entre 2007 y 2009, según la Policía, los mismos proxenetas habían obligado a ejercer la prostitución callejera a estas mujeres en el barrio del Raval de Barcelona.

Según la nota, las jóvenes eran prostituidas en horarios ininterrumpidos de diez y doce horas de martes a domingo, exceptuando únicamente los lunes. Los propietarios de los prostíbulos se beneficiaban del 40% de los ingresos obtenidos.

La parte restante era repartida al 50% con los proxenetas; si bien, de esa parte también les era descontado el alojamiento, la manutención y la plaza del club, además del dinero que tenían que pagar por la deuda contraída con la organización.