La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha afirmado en el Parlamento andaluz que la Ley de Costas no tendrá efectos significativos en la región, ya que la protección de la franja litoral está garantizada actualmente por los instrumentos de planificación adoptados por la administración autonómica.

En este sentido, la consejera ha señalado que el Plan del Litoral elaborado por su departamento, actualmente en información pública, establece un régimen de protección para la totalidad de la franja de los 500 metros, definiendo distintas categorías de protección. Según Serrano, este plan viene a contrarrestar las medidas "desreguladoras" establecidas por el Gobierno central, además de "proteger lo público y favorecer la generación de empleo asociado a la potencialidad de nuestro litoral".

Para Serrano, la Ley de Costas aprobada por el Consejo de Ministros pretende también regular autorizaciones en la zona de servidumbre de protección, unas autorizaciones que el Tribunal Constitucional (TC) ha atribuido a las comunidades autónomas, es decir, que "se extralimita el marco competencial del Estado".

Por ello, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha interpuesto un recurso ante el TC para defender a la región de esta "intromisión". Dicho recurso ha sido admitido a trámite por este tribunal, un hecho que la consejera ha valorado positivamente durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz.

Por último, la titular autonómica de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha manifestado que esta norma del Gobierno central pretende también favorecer la "privatización" del litoral, reducir la zona de servidumbre de protección de 100 a 20 metros en algunos supuestos y triplicar la vigencia de las concesiones de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre por otros 75 años, lo que representa de hecho la "privatización del Dominio Público Marítimo Terrestre".