La exdelegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta en Almería Sonia Rodríguez ha sido citada a declarar en calidad de imputada por la juez que investiga el presunto uso fraudulento que se hizo entre 2009 y 2012 de alrededor de 300.000 euros procedentes de una cuenta bancaria no fiscalizada y ligada al Fondo de Mejoras Forestales de la administración autonómica.

Rodríguez deberá comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería este miércoles con el objetivo de "aclarar" y "explicarse" en torno a "ciertas disposiciones" de dinero que se hicieron durante el periodo que estuvo al frente de la Delegación Provincial, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

Cabe recordar que en la denuncia presentada por la Junta de Andalucía de la que derivan las diligencia previas se recoge que con el exdelegado Clemente García, quien ya prestó declaración en abril imputado por presunta malversación de caudales públicos en esta causa, se produjeron movimientos por valor de 180.000 euros mientras que con su sucesora en el cargo los movimientos presuntamente irregulares alcanzaron unos 100.000 euros.

Las mismas fuentes han informado de que también ha sido citada este miércoles en calidad de imputada la secretaria general de la Delegación de Medio Ambiente mientras que Rodríguez estuvo al frente, M.M.G.T., a quien también se va a interpelar sobre estos mismos movimientos en la cuenta investigada en el marco del conocido como caso 'Cheques'.

La juez Alejandra Dodero rechazó en mayo la personación de la exdelegada provincial en las diligencias al entender que, en ese momento, se encontraba "al margen" de la causa. Rodríguez la solicitó al considerarse "perjudicada" por el presunto fraude "en la misma proporción que el actual delegado" de Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, quien fue quien interpuso la denuncia ante el juzgado.

Aseguró entonces que estuvo "completamente al margen del funcionamiento de dicha cuenta" y que durante su etapa al frente de la Delegación "no tuve la oportunidad de denunciar el presunto delito porque no fui conocedora del mismo, en caso contrario, no habría dudado un segundo en poner el caso en conocimiento de la Justicia".

Por su parte, su antecesor en el cargo Clemente García trasladó tras declarar como imputado en mayo su "sorpresa absoluta" por ser el único cargo político implicado. "¿Cómo es posible que este yo hoy aquí solo y no se haya llamado también a la delegada que me sustituyó en el cargo y que no esté imputado exactamente igual que yo el actual?", se preguntó entonces en declaraciones a los medios a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

Entre las diligencias que ha practicado la magistrada instructora está el haber solicitado a la administración autonómica que certificase qué personas estuvieron autorizadas a acceder a la cuenta bancaria y durante qué periodo de tiempo tuvieron acceso los autorizados o claveros tuvieron acceso a la cuenta bancaria titularidad de la Junta. Asímismo, interesó al Gobierno andaluz que precisase los distintos funcionarios, cargos políticos o individuos que ostentaron facultades sobre dicha cuenta entre el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012.

Según lo ha trascendido de la investigación, de la cuenta investigada se retiraron "paulatinamente" cheques que portaban distintas cantidades de dinero. La mayor parte de las disposiciones se habrían efectuado por cantidades inferiores a 3.000 euros para "burlar el control de la Agencia Tributaria" y muchas de las cantidades extraídas tuvieron lugar "el mismo día" y "a intervalos de escasos minutos" sin que en los cheques depositados "se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica".

El proceso arrancó a raíz de una denuncia formulada el pasado 1 de febrero por el actual delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, quien declaró ante la juez en calidad de perjudicado denunciante. En la causa también han prestado declaración en calidad de imputados el exsecretario general de la Delegación cuando García estaba al frente, A.S., y dos funcionarios, J.T. y M.G., este último a quien se atribuye presuntamente la expedición de los cheques.