Las Cortes han llegado este martes a un acuerdo "histórico" al aprobar 81 de los 82 procuradores el anteproyecto de la Ley de Ciudadana Castellana y Leonesa en el Exterior que únicamente ha encontrado el voto en contra en el procurador de UPL, Alejandro Valderas, y que tal y como ha explicado el consejero de La Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, "garantiza a los castellanos y leoneses que residen en el exterior el acceso a sus derechos, promueve las condiciones necesarias para facilitar su retorno y e integración en la sociedad, y regula las comunidades" castellanoleonesas asentadas en el exterior".

De Santiago-Juárez ha explicado que se trata de un "hecho histórico" ya que es la primera vez que el procurador de IU José María González apoya en comisión un anteproyecto de ley, aunque el consejero de la Presidencia ha precisado que "no es tanta la vida parlamentaria" de este procurador, ya que lleva en su escaño tan sólo lo que va de esta Legislatura.

No obstante, De Santiago-Juárez ha tenido palabras de agradecimiento no sólo para González sino para el Grupo Parlamentario Socialista y para su propia grupo, así como para la letrada Ana María Díaz de Mera y todo el equipo que ha participado en la redacción de esta norma, así como para el propio Valderas, que aunque ha votado en contra retiró las enmiendas al texto que aún quedaban vivas.

Para el consejero de la Presidencia, esta Ley es un compromiso de Castilla y León "con todos sus ciudadanos" tantos los que residen en la Comunidad como los más de 140.000 castellanoleoneses "que por diversas circunstancias tuvieron que abandonar su tierra" y residen en la actualidad en el extranjero.

Asimismo, ha querido subrayar el "ejemplo de generosidad y responsabilidad política" que ha dado las Cortes de Castilla y León en unos momentos "difíciles para el consenso" y donde la clase política parece que no encuentra "espacio para el diálogo", y ha precisado que este acuerdo entre los grupos ha sido posible gracias "a la confianza mutua, el diálogo, la generosidad y el respeto a la opinión del otro".

El fin de este acuerdo no es otro, según De Santiago-Juárez, "que dar respuesta a las necesidades y problemas de la población de castellanoleneses emigrantes".

Voto en contra

Por su parte, el procurador de UPL Alejandro Valderas ha justificado su voto en contra porque, según sus propias palabras, "el alcance no es propio de una ley sino de un libro blanco" y así se ha remitido al informe del Consejo Consultivo, además de que ha reconocido "una cuestión programática" en lo que recoge la norma sobre la identidad regional.

El procurador de IU José María González ha reconocido que es un "hecho histórico" porque por primera vez esta formación ha votado de forma favorable en Comisión pero ha insistido en la "total" disposición de Izquierda Unida "a favor de los ciudadanos de Castilla y León" y a la hora de llegar a acuerdo "en base a políticas sociales y derechos" de las personas.

Igualmente, el procurador del PSOE Jorge Félix Alonso ha querido valorar la actitud de los grupos incluso del propio Alejandro Valderas, así como el apoyo de la letrada que "ayudó a esclarecer conceptos" que fueron el principal "motivo de discrepancia" entre las distintas parte, al tiempo que ha indicado que quienes se vieron obligados a irse de su tierra "se verán protegidos y reconocidos por la Administración" y se facilitará su retorno e integración.

Por último, la procuradora del PP Isabel Blanco ha indicado que esta norma es un "proyecto ambicioso" que afecta a 146.000 castellanoleoneses que residen en el extranjero y es "un paso más" en las garantías de los ciudadanos "que se sienten de esta Comunidad independientemente de donde vivan" y a quienes ha definido como la "décima provincia" de Castilla y León.

La ley

El proyecto de ley consta de 35 artículos distribuidos en 5 títulos, una disposición adicional, dos transitorias, una derogatoria y tres finales. Esta norma reconoce el origen castellanoleonés a los ciudadanos que residan fuera de la Comunidad que hayan nacido en Castilla y León, o que al menos durante diez años continuados hayan residido en la Comunidad, o que sean descendientes de los anteriores. Asimismo, reconoce como castellanos y leoneses en el exterior a aquellos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Castilla y León así como a sus descendientes.

El proyecto de ley "garantiza" a estos ciudadanos el derecho a participar en la vida social y cultural de la Comunidad y les facilita su conocimiento de la organización territorial, funcionamiento institucional, estructura económica y social, demografía, naturaleza y cultura de Castilla y León, así como de sus valores esenciales. Además, en el texto se recoge la garantía de su derecho a participar en la vida pública y en la vida política de Castilla y León. Por ello, los poderes públicos "deben facilitar" a estos ciudadanos la participación efectiva en los asuntos de Comunidad a través del ejercicio de los derechos que les correspondan en las elecciones legislativas, deben facilitar su derecho a presentar iniciativas legislativas en las Cortes de Castilla y León, el acceso al Procurador del Común o a presentar peticiones a las instituciones y Administraciones Públicas.

A su vez, reconoce el modelo de Gobierno Abierto como cauce de participación en las decisiones políticas, o en el desarrollo de iniciativas compartidas, así como instrumento de información sobre las tareas, gestión y planes de actuación del Gobierno autonómico. El derecho a la salud, a la asistencia social y la igualdad de oportunidades de los castellanoleoneses en el exterior también se recoge en este texto. En este punto se regula la promoción de la protección de la salud con actuaciones destinadas a mejorar las condiciones sanitarias y el acceso a la asistencia, con especial atención a las personas que se encuentren en situación de especial necesidad. A su vez, promueve el acceso de los jóvenes a los programas que favorezcan la participación activa de la juventud en la sociedad y su formación. El proyecto de ley contempla la educación y el empleo como ámbitos de relevancia. En el texto se recoge la promoción del acceso de los castellanos y leoneses en el exterior a la educación en sus distintos niveles en su país de residencia, a la educación a distancia o a programas de formación dirigidos a facilitar su inserción laboral.