La diputada de Foro Asturias en la Junta General del Principado de Asturias Teresa Alonso ha anunciado que su grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la totalidad y 26 enmiendas parciales al proyecto de Ley del Juego.

"El proyecto de Ley de Juego de Javier Fernández no solo grava fiscalmente por encima de la media nacional, sino que ni siquiera ofrece un marco jurídico adecuado para garantizar los derechos de los usuarios", ha afirmado Alonso a través de una nota de prensa, en la que también señala que "no atiende tampoco a las aspiraciones de los operadores del sector".

En lo que respecta a la protección de los usuarios el texto resulta "insuficiente al no ser capaz de recoger las necesidades que en este sentido han sido manifestadas por todos los implicados en la actividad del juego y apuestas en el desarrollo de las comparecencias en Comisión Parlamentaria", ha dicho.

Alonso considera que la adaptación de la regulación a la nueva realidad económica y a los aspectos de índole tributaria que recoge el texto y que implican revisiones en la fiscalidad de esta actividad en su conjunto, no son suficientes para un sector como el del juego que en Asturias da empleo directo a gran número de personas.

Para la diputada, la tasa sobre máquinas recreativas, la tasa sobre el juego del bingo y la tasa de los casinos se encuentran por encima de la media nacional. "La alta imposición no es sinónimo de mayores ingresos tributarios, se obtiene mayor recaudación con tipos de gravamen blandos y en la actual situación de crisis es más necesario que nunca optar por medidas que favorezcan la actividad económica y reactiven el consumo interno", ha argumentado.

Asimismo, la diputada pide que que se reflexione sobre el papel que la propia Administración debe asumir en el desarrollo de esta actividad y en concreto en la articulación de todas aquellas acciones preventivas y de sensibilización que puedan precisarse, proporcionando al público la información necesaria, promocionando actitudes de juego moderado, no compulsivo y responsable e informar de la prohibición de participar a los menores de edad y a las personas incluidas en el registro general de personas con problemas de adición o ludopatía.

"Esto nos lleva a concluir que el contenido del proyecto de ley resulta insuficiente; su falta de adecuación a las necesidades y realidad del sector impide que el mismo cumpla los objetivos esenciales que se pretende con la reforma", ha concluido Alonso.